La iniciativa fue firmada por la Presidenta de la República el pasado 13 de marzo y pretende actualizar la Ley de Datos Personales, analizada con anterioridad por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados.
Como un tema urgente de abordar en el país calificó el diputado de la Democracia Cristiana y presidente del Comité de Evaluación de la Ley, Pablo Lorenzini, la modernización de la normativa vigente sobre protección de datos personales.
El parlamentario explicó que este es un proyecto muy complejo, que se analizó en el Departamento de Evaluación de la Ley, y que tiene que ver con el mundo privado, la ciudadanía y con las reglamentaciones internacionales.
En ese contexto, señaló que, tras revisar la realidad actual, queda en evidencia la vulneración a la privacidad de los chilenos, ya que las bases de datos son compartidas entre las empresas privadas, sin que exista un control adecuado al respecto.
Por ello, el diputado pidió que se asigne urgencia al debate sobre protección de datos personales, considerando, además, que se suscribió un compromiso con la OCDE para avanzar en esta línea, que aún no se ha concretado.
“Es necesario legislar en este ámbito, manteniendo los resguardos para no tener un efecto contraproducente, ya que hay aspectos sobre probidad y transparencia que, en el caso de las autoridades, deben ser públicos”, aclaró.
Asimismo, resalto que se requiere, además, la creación de una Agencia de Protección de Datos que pueda fiscalizar el nuevo sistema con total independencia, respecto del trabajo de los ministerios.
Proyecto de Ley
La iniciativa abordaría una serie de temas que dicho departamento analizó, entre los que se destacan el establecimiento de siete principios que regirían el tratamiento de los datos personales: licitud del tratamiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad e información. En este último se incorporan los Derechos Arcos, que a su vez, tipifican claramente los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición.
El nuevo texto crearía, además, el derecho de portabilidad de la información, regularía la cesión de datos, definiría datos sensibles y categorías especiales sobre estos. También incorporaría reglas especiales para ciertos tipos de datos, como por ejemplo, los relativos a la salud.
Al mismo tiempo, regularía el tratamiento de datos personales por parte de organismos públicos y crearía una Agencia de Protección de Datos Personales.
Evaluación de la Ley
Cabe destacar que los profesionales del Departamento de Evaluación de la Ley realizaron un estudio de la eficiencia y eficacia de la actual Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, texto que fue entregado al Ministerio de Hacienda a fines del 2016 y que recomienda, entre otras cosas, modificar el concepto de dato personal, como también el de dato estadístico, así como identificar el de personal identificable.
Asimismo, señala que la definición de "fuentes accesibles al público" es poco clara en la ley actual y con escaso control sobre su finalidad. Al tiempo que existiría una utilización abusiva de datos sensibles.
A lo anterior, se añade la ausencia de límites en el tratamiento de datos por organismos públicos y el escaso cumplimiento de las instituciones del estado de inscribir sus bases de información en el registro de bancos de datos personales a cargo del Servicio de Registro Civil. Las cifras oficiales señalaron que a mayo del 2016 sólo 99 entes públicos de un universo de 700 habían cumplido con esta obligación.
Por último, se establece que la actual Ley N° 19.628 carece de sanciones efectivas en caso de infracción a la normativa y la ausencia de un órgano administrativo autónomo que vele por el cumplimiento de esta.
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CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS