Piden ayudas económicas para la agricultura campesina y empresas productoras de alimentos
Dos resoluciones aprobadas en la Cámara hacen un llamado al Gobierno a otorgar beneficios fiscales directos a estos sectores vinculados con la producción agrícola y productiva de la canasta básica de nuestro país,
A través de dos resoluciones, la Cámara busca dar un alivio a quienes realizan actividades productivas para quienes cultivan y producen alimentos en Chile.
La resolución 408 solicita al Ejecutivo un subsidio para las empresas productoras de alimentos de la canasta básica.
Plantean que el beneficio se dirija a personas naturales y jurídicas que declaren por impuesto de primera categoría, antes del 31 de julio de 2022. Además, apunta a quienes hayan informado inicio de actividades relacionadas con la producción de productos de la canasta básica. Igualmente, se propone limitar el beneficio a quienes hayan obtenido ingresos por ventas y servicios del giro por, al menos, dos meses continuos o discontinuos, durante el año 2022 y 2021. También, para quienes hayan contratado, a lo menos, un trabajador durante dichos años.
Se describe que la crisis del Covid-19 y la inflación generaron un cuadro crítico en el alza de precios de productos de alto consumo. Agrega que la situación se vuelve aún más preocupante cuando dichos productos tienen una relación directa con el alza del precio de la canasta básica.
Esto ha generado disminución de ingresos, variaciones con costos de insumos, materiales y gastos propios de las empresas. Por otro lado, perdida de liquidez, capital de trabajo y, principalmente, una reducción notoria del acceso a posibles capitales.
La resolución la presentaron Carla Morales (RN), Juan Carlos Beltrán (RN), Sara Concha (IND), Mauro González (RN), Francesca Muñoz (RN), Erika Olivera (IND), Marlene Pérez (RN), Marcia Raphael (RN), Hugo Rey (RN) y Natalia Romero (UDI).
Agricultura familiar campesina
La resolución 175 pide al Ejecutivo estudiar la posibilidad de subsidiar la producción de ciertos alimentos. En especial, se apunta a cereales como el trigo y la avena, así como a insumos agrícolas, como fertilizantes utilizados en su producción.
La idea de es apoyar a la pequeña agricultura campesina y a comunidades indígenas con el fin de paliar el alza de estos productos y de la canasta básica.
El texto señala que el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el ámbito internacional. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, lo considera como un derecho humano.
Lamentablemente, en los últimos años, el acceso al derecho a la alimentación en el país, como en otras partes del mundo, se encuentra en serio riesgo. Así lo expone el último informe anual de la Red mundial contra las crisis alimentarias.
En el mencionado documento se consigna que sigue aumentando a un ritmo alarmante el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda.
A juicio Ericka Ñanco, Jorge Brito, Maite Orsini, Catalina Pérez y Jaime Sáez, todos de Revolución Democrática y autores de la propuesta, más el independiente Andrés Giordano, la situación actual requiere de una acción urgente y, por ello, la importancia de la mencionada solicitud.