Abordan eventuales irregularidades en organización de los Juegos Panamericanos 2023
De acuerdo al testimonio de la ex abogada de la Corporación 2023, Mónica Apablaza, habría irregularidades del tipo legal al convenio de transferencia del año 2022. Además, posibles faltas estatutarias y de procedimientos internos.
La Comisión Investigadora sobre los Juegos Panamericanos (CEI 29) realizó una nueva ronda de audiencias. La instancia que analiza la existencia de eventuales irregularidades ocurridas, desde el año 2018 al 2023, en la organización, ejecución de obras y financiamiento del evento, contó con la presencia de la abogada Mónica Apablaza.
La invitada, se refirió a las anomalías durante su gestión en la Santiago Corporación 2023. Afirmó que hubo una serie de irregularidades que puso al tanto de sus jefaturas, las que no siempre fueron transmitidas al directorio o a la directora ejecutiva, pero sí a su jefa de gabinete y a su coordinadora ejecutiva.
Explicó que hubo situaciones del tipo legal, relativas al convenio de transferencia del año 2022. Se suman irregularidades estatutarias y de procedimientos internos. Lo anterior podría acarrear eventuales responsabilidades al Gobierno de Chile en virtud del contrato celebrado con Panam Sports, por intermedio del cual se adjudicó los actuales juegos.
En cuanto a incumplimientos legales, constató que estos tenían que ver con gestión de personas. Abordó el incumplimiento del Código del Trabajo, ya que el 85% de las personas estaban contratadas bajo honorarios; sin embargo, se les exigía asistencia diaria a las oficinas corporativas, con una jornada de trabajo entre las 9:00 y 18:30. Además estaban sujetos a supervigilancia e instrucciones de jefatura.
Respecto de quienes estaban con contratos de trabajo (gerentes, subgerentes y directores), indicó había un par de personas que no tenían altos cargos, pero que igualmente estaban bajo esta modalidad, habíendo ingresado poco después de constituirse la Corporación.
Otros detalles
En cuanto a plazos, la abogada Mónica Apablaza, dijo que no se daba cumplimiento a los tiempos de escrituración de contratos de trabajo ni anexos. Además indicó que no se entregaban las respetivas copias a los trabajadores.
En este sentido, tampoco se cumplía con los plazos de poner a disposición de las personas desvinculadas sus finiquitos. Por su parte, en materia de seguridad laboral el reglamento interno no se daba a conocer a los trabajadores, ni tampoco una copia, pese a ser una exigencia legal.
Respecto a las condiciones laborales, precisó que a su entender no existen las condiciones necesarias para los trabajadores. Afirmó que estos estarían durmiendo pocas horas diarias, especialmente quienes laboran en el Estadio Nacional.
En cuanto al Convenio de Transferencias del año 2022, dijo que para las contrataciones de personal, no se dio cumplimiento a los principios o requisitos establecidos para ello. Explicó que la gran mayoría del personal fue designado por la directora ejecutiva, en virtud de un plan de instalación que constaba con la contratación de al menos 50 personas, sin pasar por concurso público.
Apablaza, agregó que lo mas grave a su parecer, tiene que ver con los incumplimientos estatutarios y del decreto supremo 22 del ministerio del deporte, así como los procedimientos internos.
Fiscalización a los juegos
La instancia investigadora solicitó informes sobre el rol de algunas trabajadoras contratadas por la Corporación 2023. Además requirió informes al Instituto Nacional del Deporte (IND) y al Ministerio del Deporte para solicitar actas del directorio en la cual se aprobó la contraloría de la empresa auditora PWC.
Por otro lado, se solicitó a la Dirección del Trabajo para que informe a la comisión, si la Corporación solicitó autorización para jornadas o turnos excepcionales para el desarrollo de obras, trabajo administrativo u otros. También se pidió al IND la documentación de las rendiciones y actas de fiscalización, que ha realizado a la Corporación 2023.