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Economía analiza regulación de seguros automotrices

La iniciativa busca regular el mercado de los seguros automotrices con el propósito de evitar eventuales abusos en la fijación del valor de las primas.

Comisión de Economía

La Comisión de Economía continuó con el análisis del proyecto que modifica el Código de Comercio en materia de costos máximos y reajustabilidad de las primas de seguro automotriz (boletín 15225).

Para recabar antecedentes y opiniones sobre la iniciativa, recibió al Sernac y a la Asociación de Aseguradoras de Chile, que plantearon posturas contrapuestas.

En concreto, la iniciativa propone que la prima de los seguros automotrices nuevos no podrá, en ningún caso, exceder el 1% del valor comercial del vehículo asegurado. En el caso de las primas de seguros vigentes y renovados, los reajustes se ajustarán a los plazos establecidos en las condiciones de los contratos, con un límite máximo de 5% respecto del valor comercial del vehículo asegurado.

Durante la sesión, el diputado Miguel Ángel Calisto (DC) recordó que, un segmento importante de la población ve desde el año pasado que existe un aumento progresivo en el precio de los seguros automotrices.

“Subió en promedio un 70% el precio del seguro automotriz. Su rango de aumento bordea entre 180 y 300 mil pesos. Si alguien tiene más de un vehículo estamos hablando que prácticamente está pagando un hipotecario con el valor que invierte en seguros”, remarcó.

Por su parte, la diputada Joanna Pérez (DC), autora principal del texto, afirmó que se debe profundizar y encontrar una regulación; así como, “abordar otros mecanismos que puedan contribuir a la propia industria”.

El tanto, el diputado Gonzalo De la Carrera (IND) sostuvo que la tasa de siniestralidad es muy alta, por lo tanto, no hay precio que pueda pagarla. “Eso está ocurriendo en la macrozona sur con las viviendas donde ya no ofrecen seguros contra incendios”, añadió.

Sernac

El director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, valoró el proyecto. Afirmó que se espera que las empresas respondan a los consumidores, pero eso no está ocurriendo en algunas de estas.

“Nos están obligando a actuar, tanto en procedimientos voluntarios y demandas colectivas, respecto a lo que tiene que ver con las coberturas y con la instalación del GPS”.

Informó que en 2022 recibieron 11 mil 577 reclamos asociados al seguro automotriz. Esto representa el 10,34% de los reclamos del mercado financiero. Y, añadió, los proveedores acogieron el 56,5% de los reclamos presentados.

En relación a la fijación de límites sobre cobro y reajuste establecido en el proyecto, el director del Sernac sugirió que se “expliciten los antecedentes que derivaron a los porcentajes indicados”.

Añadió que, establecer montos máximos podría generar que las empresas aseguradoras busquen otras vías para traspasar los cobros a los consumidores. “Adicionalmente, sugerimos considerar la diferencia existente de marcas en el mercado y especificar a qué corresponde el concepto de valor comercial del vehículo, que podría ser de difícil determinación”.

Por último, desde el ente regulador, también se sugirió incorporar plazos de implementación de la norma y vacancia legal; considerando, especialmente, que respecto de los contratos vigentes se obliga a ajustarse a los límites establecidos.

Asociación de Aseguradores de Chile

“No compartimos el diagnóstico que inicia esta moción, ni su idea matriz”. Así lo aseguró a la instancia el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Alejandro Alzérreca.

Afirmó que el mercado que se pretende regular es altamente competitivo, en el que participan 13 compañías de seguros. “Es un mercado altamente regulado por distintos cuerpos legales y fiscalizado por la Comisión de Mercado Financiero”.

Acotó que, según el análisis realizado, consideran que el proyecto presenta vicios de constitucionalidad, pues colisiona con derechos fundamentales que estructuran el sistema económico.

Estos corresponderían a la libertad de empresa, de propiedad, igualdad y no discriminación arbitraria estatal. A ellos se pueden añadir derechos y garantías de carácter general que, en materia económica, toman relevancia, aseveró.