Ley Antonia: protección a las víctimas de delitos sexuales
La Ley Antonia, publicada en diciembre de 2022, busca mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización.
En 2019, el suicidio de Antonia Barra sacudió al país. La joven decidió quitarse la vida días después de haber sido abusada sexualmente por Martín Pradenas. La lucha de su familia se tradujo en la ley 21.523, que busca evitar la revictimización y establecer más garantías procesales para quienes pasan por situaciones similares.
Pero, ¿qué establece la Ley Antonia? Su objetivo es mejorar las garantías procesales de las víctimas de delitos sexuales, proteger sus derechos y evitar su revictimización. Así, por ejemplo:
- Dispone que la prescripción de la acción penal del delito de abuso sexual será de diez años.
- Para calcular la pena se considerará la afectación física y mental de la víctima
- En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento, y aún antes de la formalización, a petición de parte, o de oficio por razones fundadas, se incorporarán medidas de protección a la víctima y su familia dispuestas por el juez.
Una de las innovaciones de esta ley es la figura del suicidio femicida. Es decir, sanciona al sujeto que por ejercer violencia de género cause que la víctima se quite la vida. También se incorpora, en el delito de homicidio, la sanción para quien induzca a otra persona a cometer suicidio.
Derechos de las víctimas
La norma también establece derechos y medidas para proteger a las víctimas de delitos sexuales y violencia contra las mujeres. El objetivo es resguardar la identidad, intimidad, integridad física, sexual y psíquica de la víctima.
Otro punto muy importante es que regula el deber de prevención de la victimización secundaria y la anticipación de prueba con el fin de evitarla.
Asimismo, el Ministerio Público está obligado a entregar información completa y suficiente a víctimas y testigos de estos delitos. Ello, para recibir orientación, representación, atención integral y reparación.
También busca proteger a las víctimas en los medios de comunicación. Por ello, la ley dispone que, para comunicar la investigación o juicio, se deberá referir a la víctima ya sea con sus iniciales, un número o cualquier otra manera que no posibilite su individualización.
Además, se debe evitar editoriales que generen estereotipos o prejuicios respecto a su condición de víctima, eventual responsabilidad en los hechos, conductas anteriores o posteriores al delito o cualquier otro elemento que normalice, justifique o relativice la violencia sufrida.
Por último, obliga a que la Academia Judicial entregue dentro de su formación y perfeccionamiento la capacitación en materias relacionadas con las perspectivas de género en el proceso penal. De esta forma, se busca evitar la revictimización, los estereotipos y fomentar una protección especial de las víctimas de violencia de género.
La Ley Antonia se originó en una moción de las diputadas de RD, Maite Orsini y Gael Yeomans, junto a los exparlamentarios Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat y la actual senadora, Paulina Núñez. El grupo parlamentario trabajó junto a los familiares de Antonia Barra, para lograr esta ley que evite que las víctimas vuelvan a pasar por esta dolorosa situación.