Ocupaciones ilegales son analizadas en proyecto de ley de usurpaciones
La Comisión de Seguridad Ciudadana revisó la iniciativa que busca sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, aumenta el periodo de flagrancia y facilita la restitución del inmueble ocupado.
La Comisión de Seguridad Ciudadana analizó el proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución (boletín refundidos 14015 y 13657).
En concreto, el texto busca modificar las sanciones del delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.
Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito. Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación. También, hace inaplicables las reglas sobre detención y flagrancia contenidas en esta iniciativa, respecto de quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022.
Junto con ello, el texto modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
Ocupaciones ilegales
En la sesión participó el arquitecto Iván Poduje. Señaló que entre los años 2018 y 2022 se duplicaron los campamentos. Explicó que existen tres factores que impulsan ese fenómeno: Crisis migratoria, tráfico de suelo y alza de precios de vivienda.
Precisó que los traficantes de suelo se reconocen porque actúan ante una operación de loteos en terrenos “más grandes que un campamento tradicional”. Indicó que se trata de una industria criminal que actúa en la pobreza más vulnerable, siendo un negocio más rentable que la droga. “Genera ingresos de 30 millones de dólares por año (…) es una mafia que se mueve más rápido de la política de vivienda”.
“Insistimos en que si no contralamos ahora esta mafia, que ya representa casi un tercio de la vivienda informal, vamos a llegar a un esquema donde será incontrolable. Va a poner en jaque no solo el derecho a propiedad, sino que la seguridad de miles de familias vulnerables que son estafadas por estos delincuentes”, acotó.
Valentina Correa
En la sesión también expuso Valentina Correa, hija del empresario Alejandro Correa, asesinado a balazos el 2020 por un sicario en Concón, por tratar de recuperar un terreno que le había sido usurpado en Quilpué.
Correa dijo estar de acuerdo con la iniciativa, respecto a que se considere la usurpación como un delito continuo; así como en la restitución anticipada de los inmuebles.
Además, expuso sobre el proyeco social que se pretende construir en los terrenos de Quilpué que eran de su padre, actualmente ocupados en un 100% por tomas ilegales. “La burocracia ha permitido que esta toma creciera. Perpetuar esta toma es una injusticia con los intereses de la comuna. Hoy tenemos la posibilidad de resolver, reparar y resignificar estos terrenos”.