CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La comisión que reunirá antecedentes sobre el funcionamiento del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia (SPE) comenzó a realizar sus audiencias. La primera invitada a la instancia fue la directora del servicio, Gabriela Muñoz Navarro.

En su presentación, explicó la forma en la que recibieron la institución, que comenzó a funcionar en octubre de 2021, en la administración anterior. Como una de las instituciones sucesoras del antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename), recibieron al 94% de la población de niños, niñas y adolescentes (NNA) del área de protección. El otro 6% correspondía al área de justicia juvenil.

En este contexto, la directora aseguró que el SPE no contó con la implementación necesaria para iniciar adecuadamente su funcionamiento. Esto, por una ausencia de planificación estratégica y operativa, lineamientos técnicos y administrativos, junto a una dotación incompleta, con errores en el traspaso de trabajadores.

A aquello, se suma que la infraestructura de las oficinas en regiones del SPE no contemplaron la capacidad necesaria para las y los trabajadores. Asimismo, las residencias de administración directa tenían serios problemas en la calidad de las instalaciones y la dotación de personal. Adicionalmente, sostuvo que existía una deuda financiera con los colaboradores cercana a los 7 mil millones de pesos.

El SPE en el nuevo gobierno

Frente a este escenario, la nueva administración definió, en abril de 2022, tres prioridades en las que centrar el funcionamiento del SPE. Éstas fueron asegurar la continuidad operacional de la atención de NNA, sentar bases de gestión para subsanar falencias y comenzar un proceso de diseño e implementación de cambios.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la directora del SPE afirmó que, a diciembre de 2022, ésta fue equivalente al 98,3%. Junto a esto, destacó que el presupuesto creció en un 14,4% para 2023. Así, también, se refirió al aumento de la dotación del servicio que pasó del 58,3% de cobertura, en 2021, al 82%, en mayo de 2023.

La autoridad destacó que, hasta abril de este año, cerca de 126 mil NNA fueron atendidos en uno o más programas de protección. Sumados a ellos, una población de 13.415 ingresó a uno o más programas de protección en la misma fecha.

En cuanto a las principales acciones y planes en curso, relevó el avanzar en la consolidación de una gestión integral y un cambio cultural. Paralelamente, generar acuerdos intersectoriales para la atención, por ejemplo, de salud mental y consumo problemático de drogas.

Inquietudes parlamentarias

Terminada la presentación de la directora, las y los parlamentarios tomaron la palabra para plantear sus inquietudes. Entre ellas, expusieron la situación que afecta a establecimientos de la región del Biobío. Allí, tras un incendio en una de las residencias, jóvenes fueron trasladados a un hogar donde han protagonizado hechos de violencia.

Las diputadas Marlene Pérez (IND) y Francesca Muñoz (PSC) solicitaron que la directora explicara por qué se reúnen en un hogar a NNA que se encuentran bajo la protección del Estado, con otros que se encuentran recluidos por responsabilidad penal.

Frente a esto, Gabriela Muñoz explicó que, por orden de tribunales, las y los NNA que han cometido delitos igualmente deben tener protección por parte del Estado. Y, hasta el momento, no existe un programa que permita acoger a esta población de una mejor manera. Sin embargo, como servicio ya se encuentran trabajando con Unicef en una solución que esperan poder implementar a modo de prueba cuanto antes.

Unido a lo anterior, la comisión solicitó que se informe en detalle cuánta es la población que se encuentra en esa condición. De igual modo, se solicitó informar en detalle la ejecución presupuestaria. Esto, porque algunos parlamentarios consideran necesario comprender cómo es que desde el servicio se asegura un 98,3% de ejecución.

Para dar respuesta a esta y otras interrogantes, la instancia acordó volver a invitar a la directora del SPE para la próxima sesión.