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Reclaman por acciones para enfrentar los problemas del transporte público rural

En la resolución se reconoce que ha habido avances en materia de subsidio e infraestructura vial, pero se estima que es necesario contrarrestar situaciones que complican el acceso de las comunidades rurales a un sistema de transporte efectivo y confiable.

Dip. Camila Rojas

La unanimidad de 134 votos a favor permitió la aprobación de la resolución 920. En ella se pide tomar acciones concretas frente a los serios problemas que existen en torno al transporte público rural.

En el documento se expone que el mundo rural enfrenta altos costos en la locomoción colectiva. Ello se produce por la baja demanda en algunos sectores. Así, el transporte se hace inaccesible para muchos habitantes, especialmente para aquellos de bajos ingresos o estudiantes.

Otro factor negativo es la escasa cobertura. Se acusa que muchas localidades no cuentan con servicio de transporte regular, dificultándose con ello su desplazamiento y acceso a servicios básicos, como la salud, educación y comercio.

También se critica que, en algunos lugares, hay poca frecuencia y disponibilidad, limitando la movilidad de los habitantes que allí moran. Igualmente, se da el caso de horarios que no se ajustan a las necesidades de la población.

Como ejemplo se expone el caso de la provincia de San Antonio. En ella se desempeña, principalmente, locomoción colectiva menor, con un parque de taxis o vehículos de alquiler de 2.044 vehículos. De ellos, 1.123 se encuentran inscritos bajo la modalidad de taxi colectivo urbano y 338 se encuentran adscritos a taxi colectivo rural. De esta forma, la locomoción colectiva menor constituye un 71,47% de la locomoción que opera en dicha provincia.

Los autores reconocen las diversas iniciativas que ha efectuado el Estado, como programas de subsidio al transporte rural y mejoras en la infraestructura vial. Sin embargo, estiman que aún queda mucho por hacer para mejorar de manera significativa el transporte rural en Chile.

De igual modo, se aspira a que se garantice el acceso equitativo a los servicios de transporte para todas las personas, con independencia de su ubicación geográfica.

Suscriben la resolución Camila Rojas y Claudia Mix, de Comunes; y Félix Bugueño, de la FRVS.