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Respaldan nuevos convenios de pago de préstamos Covid para microempresarios del transporte

Más de veintiséis mil taxistas, colectiveros y transportistas escolares podrán pactar nuevamente el pago de los créditos solidarios a los que pudieron optar durante la pandemia, gracias al proyecto que aprobó la Cámara y que ahora pasó al Senado.

Dip. Gastón Von Mühlenbrock rinde el informe

La paralización o limitación de actividades durante la pandemia tuvo graves consecuencias económicas. Por ello, el Gobierno y el Congreso legislaron en su momento para entregar diversas ayudas a personas, pero también a sectores productivos, como por ejemplo, en este último caso, los llamados “préstamos Covid”.

Uno de los grupos favorecidos fueron los microempresarios del transporte. Particularmente, los taxistas, colectiveros y transportistas escolares. Para ellos, las leyes 21.256 y 21.323 otorgaron créditos solidarios, con condiciones especiales de pago.

Se trató de cuatro micropréstamos, de un máximo de $320.500 cada uno. Para los beneficiarios se estableció un convenio de pago con la Tesorería General de la República. Además, se vinculó el pago de la deuda con la obtención del permiso de circulación. Por lo tanto, si había morosidad, debía pagarse junto con el permiso.

Sin embargo, en abril de este año, de los 36.323 beneficiarios, 31.211 mantenían deudas impagas. Más de doce mil ni siquiera habían suscrito los convenios especiales. Por ello, se conformó una mesa de trabajo entre los Ministerios de Hacienda y de Transportes y la Tesorería para buscar soluciones.

Como primera medida, se desvinculó la deuda de la obtención del permiso de circulación. Y, luego, se elaboró un proyecto de ley (boletín 16218) que hoy la Cámara respaldó en forma unánime, con 137 votos.

La propuesta aprobada dispone que, por un período de seis meses, la Tesorería General de la República, podrá otorgar convenios de hasta 36 meses para el pago. Esto podrá darse en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas.

A este nuevo convenio especial podrán optar todos los usuarios con convenio vigente y al día, y morosos con y sin convenio. Además, para evitar reajustes, al momento de suscribir el convenio se convertirá la deuda actual en UF a pesos.

En total, se espera que esta iniciativa legal beneficie a 26.647 contribuyentes, 6.283 de ellos sin convenio ni abono.

Antecedentes

La iniciativa del Ejecutivo determina que pueden optar a este beneficio todos los contribuyentes beneficiados por las leyes mencionadas. En concreto, el beneficio estará dirigido a quienes tengan o no convenios de pago vigentes o se encuentren parcial o totalmente incumplidos.

En caso de que los convenios queden sin efecto por falta de cumplimiento, las deudas se fijarán nuevamente en unidades de fomento a la fecha de la caducidad del convenio.

La norma explica que esto se dará para efectos de su recaudación y cobro, pero no generará otros recargos legales. La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial.

Debate

Informó el proyecto a la Sala el diputado Gastón Von Mühlenbrock, de la Comisión de Hacienda.

Luego, intervinieron Jaime Mulet (FRVS), Bernardo Berger (Ind), Jaime Naranjo (PS), Daniel Lilayu (UDI), Carla Morales (RN), Marta Bravo (UDI), Roberto Arroyo (Ind), Leonardo Soto (PS), Ximena Ossandón (RN), Emilia Nuyado (PS), Juan Carlos Beltrán (RN), Daniel Melo (PS), Marlene Pérez (Ind), Héctor Barría (DC), Stephan Schubert (Ind), Miguel Ángel Calisto (Ind), Sergio Bobadilla (UDI), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Agustín Romero (PREP) y Juan Antonio Coloma (UDI).

En general, las y los diputados destacaron este proyecto y el acuerdo logrado entre el Gobierno y los microempresarios del transporte. Recordaron que la pandemia afectó enormemente a este sector, debido a las cuarentenas y la prohibición de movilidad.

Asimismo, expresaron su anhelo que se pueda resolver este problema que afecta, principalmente, a trabajadores independientes.

Ahora corresponde que el Senado analice la iniciativa, en segundo trámite legislativo.