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Llaman a ratificar convenciones contra la discriminación y el racismo

Mediante una resolución, la Cámara acordó solicitar al Presidente de la República que envíe al Congreso los proyectos de acuerdo para ratificar la Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia.

Dip. Emilia Schneider

La resolución 545 recibió 82 votos a favor, 16 en contra y 34 abstenciones. En ella, la Sala pide al Gobierno que someta al Congreso la ratificación de las convenciones interamericanas contra el racismo e intolerancia y contra todas las formas de discriminación.

La propuesta la realizaron a la Sala Emilia Schneider (PCS), María Francisca Bello (PCS), Vlado Mirosevic (PL), Camila Musante (Ind), Lorena Pizarro (PC), Marcela Riquelme (Ind), Camila Rojas (Comunes), Gonzalo Winter  (PCS) y Gael Yeomans (PCS).

En 2013, en Guatemala, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó ambos instrumentos. Por un lado, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, el primero en el mundo dedicado exclusivamente a este tema. Por el otro, la Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, único en la región.

Chile suscribió ambos tratados en 2015, bajo el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. En cuatro oportunidades, parlamentarias y parlamentarios han solicitado el envío de la ratificación al Congreso, lo que aún no ocurre.

Las convenciones “contienen definiciones de distintos conceptos que dinamizan y enriquecen la comprensión jurídica de la discriminación y el racismo”, sostiene el texto. Así, por ejemplo, consagran el derecho de igual protección frente a esas situaciones.

En tal plano, se eliminan, prohíben y sancionan situaciones como:

  • El financiamiento de actividades discriminatorias.
  • La difusión, incluso a través de internet, de material que incite al odio o que defienda el genocidio.

 

Además, las convenciones establecen deberes para el Estado, tales como la educación y políticas para un trato equitativo e igualdad de oportunidades. Ello, en el sector educativo, laboral y social.  A la vez, promueve la creación de legislaciones que prohíban toda forma de racismo, discriminación e intolerancia.

Es por ello que la Cámara estima que, a 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es necesario ratificar ambas convenciones.