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Informe aprobado propone declarar como “zona no edificable” la traza de la falla San Ramón

El informe respaldado por la Cámara también plantea que el Estado debería buscar la forma de compensar la afectación de desarrollos futuros respecto de quienes, a la fecha, tengan derechos adquiridos.

Ximena Ossandón

La Sala de la Cámara respaldó el informe de la comisión que investigó las acciones gubernamentales frente a las construcciones en la falla de San Ramón (CEI 19). La instancia fiscalizó las medidas tomadas para prevenir o mitigar los riesgos de la existencia de edificaciones en esta zona de la región Metropolitana.

En el informe se explica que la falla activa cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Sin embargo, también se estima que podría alcanzar zonas de las comunas de Lo Barnechea y Pirque.

El texto emanado de la comisión explica que, en 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo licitó el proyecto “Estudio de riesgo y modificación (PRMS) falla de San Ramon”. Éste tuvo como objetivo general la evaluación del peligro sísmico asociado a la falla en la zona oriente de Santiago.

Con dichos antecedentes y por recomendación de expertos, desde 2012, se planteó que el fenómeno sea reconocido en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Asimismo, en los planos comunales, a fin de evitar que se siga construyendo directamente sobre su traza.

Según se alertó, los antecedentes de densidad habitacional indican que, hacia 2012, más del 50% de la falla de San Ramón ya se encontraba urbanizada.

Por lo tanto, se concluye que, desde hace 11 años, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) está en conocimiento de que la falla de San Ramón es un potencial de riesgo. En particular se advierte esto respecto de todos los asentamientos humanos ubicados sobre y cercanos a la traza de la falla.

Por tal razón, la falta de regulación en la materia representa un actuar pasivo del Estado. Así, se observa falta de sentido de urgencia por parte de los organismos públicos responsables de la planificación urbana.

Recomendaciones

Más de una veintena de puntos componen las conclusiones y recomendaciones de la comisión, tras la investigación. Entre ellos, se señala que el Ejecutivo debe realizar estrategias con el fin de prohibir cualquier tipo de construcción nueva. Esto, en un radio de 300 mts. de ancho, a lo largo del trazo de la falla de San Ramón.

Junto a lo anterior, agrega que el Estado deberá compensar la afectación de desarrollo futuro respecto de quien, a la fecha, tenga derecho adquirido.

Además, plantea que, tanto el gobierno central como los comunales, deberán designar como “zona no edificable” el trazo de la falla, en sus planos reguladores.

Para ello, recomiendan que el Minvu entregue a cada municipio ubicado en las comunas afectadas, propuestas de modificación del Plano Regulador Comunal. Éstas deben incluir recomendaciones y prohibiciones de edificación en la zona de riesgo. Igualmente, otorgar la facultad de implementar señalética, designación y demarcación de zonas de seguridad.

Finalmente, se pide crear planes de comunicación, prevención y emergencia dirigidos a la comunidad frente a la amenaza latente que significa para los habitantes de la región Metropolitana y, en especial, para las comunas afectadas.

Debate parlamentario

El informe fue presentado a la Sala por la diputada Ximena Ossandón (RN), presidenta de la comisión. La parlamentaria criticó la demora en la implementación de medidas preventivas por parte de la autoridad. Lamentó que, “mientras no haya un terremoto, no pasa absolutamente nada”.

La parlamentaria también advirtió de lo devastador que puede ser un terremoto en la falla y las graves consecuencias para la zona y la RM, en general. “La tierra salta y se posa sobre otro pedazo de tierra, con terremotos muy cortos, pero destructivos”, describió.

También criticó que, desde la comisión anterior que investigó esta materia, presidida por el diputado Tomás Hirsch, “no ha pasado nada”. Lo peor es que, de tomarse medidas ahora, su implementación demorará al menos cuatro años más.

En la sesión, de igual modo, intervinieron los diputados Cristián Araya (PREP) y Daniel Melo (PS). Ambos parlamentarios valoraron el trabajo de la instancia dirigido por la diputada Ossandón. Junto a esto, insistieron en la necesidad de medidas para prevenir la pérdida de vidas en caso de una catástrofe.