Analizan eventual vulneración de datos personales con el uso de registro audiovisual en estadios
La Comisión de Deportes recibió la opinión de expertos en el marco de la discusión del proyecto sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.
Con el objeto de acotar los alcances de la normativa y evitar interpretaciones que lleven a error en materia de registro audiovisual, la Comisión de Deportes recibió a representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), en el marco de la discusión del proyecto que modifica la ley 19.327, sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional (boletín 16.223).
La instancia revisó en específico la utilización de cámaras en los estadios o recintos deportivos. En ese marco se discutió respecto de la compatibilidad del registro audiovisual y biométrico, con la protección de los datos personales.
Al respecto, expuso el investigador de la BCN, Pedro Guerra. El experto recordó que los datos biométricos no están en la actual legislación, sino que en un proyecto que se encuentra en trámite en el Senado.
En tal sentido, precisó que se debe revisar con detalle cualquier norma que busque hacer público o de libre disposición, los datos de quienes ingresan a un estadio.
Uso del registro audiovisual
Durante el debate las y los parlamentarios analizaron que tan público o privado es un registro audiovisual de alguien que está cometiendo desmanes. Ello independiente de las imágenes que, en una causa judicial, pudiera requerir la fiscalía.
En ese marco, Guerra aclaró que actualmente si una cámara hace un paneo o capta imágenes en un estadio, ello no es público porque las personas grabadas no han manifestado su autorización para ello.
Al respecto, los diputados Andrés Giordano (IND), Johannes Kaiser (IND), Jaime Mulet (FRVS) y Cristián Tapia (IND) hicieron prevenciones frente a la supervigilancia y el eventual uso de los datos biométricos. Ello porque tampoco existe claridad respecto de quién administrará el sistema. Concordaron en que se trata de medidas complejas, restrictivas y que tienen efectos asociados.
Los legisladores agregaron que el ciudadano tiene derecho a su privacidad y a moverse sin que el Estado sepa o monitoree lo que hace. Reconocieron que el espíritu de la norma sirve para determinar si una persona ha cometido delito. Sin embargo, este registro audiovisual podría mal usarse también, para determinar las actividades de alguien que pudiera ser una persona de interés.
Alertaron también los problemas que podría traer un eventual hackeo, concordando en que la exigencia en la implementación de cámaras, así como el uso del reconocimiento facial, requieren de un mayor análisis.