Norma protegerá datos personales de víctimas de violencia intrafamiliar
Las y los funcionarios que difundan datos personales de la víctima de violencia intrafamiliar serán sancionados con presidio e inhabilidad para desempeñar cargos públicos.
La Cámara entregó su respaldo al proyecto (boletín 15872) sobre protección de datos personales de las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF). El texto, que recibió 148 votos afirmativos, pasó al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional.
La propuesta ya había sido aprobada en general por la Sala y devuelta a la Comisión de la Familia. En esta instancia, se agregó una indicación que mejora la redacción en el caso de las sanciones al funcionario que filtre información.
Hay que recordar que el texto legal es una moción del diputado Jorge Saffirio (DEM), junto a sus colegas Mónica Arce (Ind), Ana María Bravo (PS), Miguel Ángel Calisto (Ind), Ana María Gazmuri (PAH), Francesca Muñoz (PSC), Erika Olivera (DEM), Joanna Pérez (DEM), Camila Rojas (Comunes) y Natalia Romero (IND).
La iniciativa establece la reserva, en todo el proceso, del domicilio, lugar de trabajo o estudio de la víctima. Para dichos fines, modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y los procedimientos ante los tribunales de Familia y juzgados con competencia en lo penal.
Particularmente, establece que en estos tribunales se deberá mantener la protección de datos personales en todas las actuaciones que se realicen. También, en los registros informáticos a los que tenga acceso la parte denunciada.
Del mismo modo, se deberá mantener reserva de esta información en cualquier etapa de la investigación de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar. Esto, aun antes de la formalización o al decretar las medidas cautelares necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna.
Datos de víctimas de violencia intrafamiliar
La norma, asimismo, modifica los procedimientos penales y civiles para garantizar la protección de datos personales en casos de violencia intrafamiliar. La idea es que esto no genere una afectación de los derechos del denunciado.
Junto a lo anterior, la propuesta establece que la o el funcionario que publique, exponga, difunda o entregue, a cualquier título, los datos declarados reservados, de acuerdo a la Ley 20.066, será condenado a la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Esto significa que arriesga una sanción de 61 días a tres años y un día de prisión. También, a la inhabilidad temporal de desempeñar cargos públicos por el tiempo que dure la condena.
Participaron del debate Felipe Donoso (UDI), Ana María Gazmuri y Joanna Pérez, quienes valoraron la nueva protección que se le entrega a las víctimas.