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Sigue votación de articulado sobre procedimientos administrativos de construcción

La Comisión de Vivienda continuó con la aprobación en particular de esta normativa, que pretende simplificar y disminuir los plazos de construcción, definiendo sanciones por incumplimientos.

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó con la discusión y votación del articulado del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de plazos de construcción, entrega y sanciones por incumplimiento. (Boletín 15534)

El texto legal busca simplificar los procedimientos administrativos de construcción que contemplan los ante proyectos respectivos.

Durante la última jornada se aprobó articulado e indicaciones referidas a una serie de materias. Destaca el rol y acreditación de fiscalizadores, la supervisión de obras y especificaciones técnicas y la imposibilidad de cambio de destino de los inmuebles construidos.

Asimismo, se avanzó en puntos como el aviso de la recepción y el papel del director de obras, como encargado de la revisión del cumplimiento de los permisos.

Sin embargo, quedó pendiente y a la espera de concordar una indicación con el Ejecutivo, el plazo que tendrá el funcionario del Servicio de Vivienda y Urbanismo, encargado de evacuar una resolución exenta.

Ello respecto de la autorización de la escrituración, considerando que el objetivo final de la norma es que el beneficiario tenga su vivienda en el menor tiempo posible. Lo propio respecto de las sanciones que se establecerán en la normativa legal.

Dichos puntos se votarán en una próxima sesión.

Ejes de la propuesta: Construcción y Plazos

La iniciativa, iniciada en moción, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Particularmente, afecta a lo referente a plazos, junto con definir sanciones por incumplimientos.

La propuesta perfecciona, además, el informe de mitigación de impacto vial y el permiso de edificación para reducir los plazos de construcción y entrega.

Asimismo, apunta a responsabilizar a las direcciones de obra municipal por las demoras en el despacho de instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. En la misma línea lo hace para los servicios de vivienda y urbanización; las secretarías regionales ministeriales de transporte y telecomunicaciones; y para el Conservador de Bienes Raíces.