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Ejecutivo explicó las indicaciones al proyecto sobre el uso de la fuerza en orden y seguridad

Las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana recibieron a la ministra del Interior, Carolina Toha, para conocer las indicaciones del Ejecutivo a la norma que busca establecer una regulación robusta, que eleve a rango legal las normas del uso de la fuerza.

142 indicaciones se presentaron al proyecto (boletín 15805) que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las instituciones de orden y seguridad pública y de las fuerzas armadas. El texto se analiza en las comisiones unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara.

Del total, 130 propuestas de enmiendas son de origen parlamentario. Las doce restantes corresponden a modificaciones presentadas por el Ejecutivo.

Recordar que la iniciativa busca recoger el principio rector del uso de la fuerza mediante una regulación robusta. Así, se plantea elevar a rango legal las normas relativas a este tema que, hasta ahora, han existido en nuestro país reglamentariamente.

Asimismo, hasta ahora, contempla la dictación de reglamentos que contengan los protocolos y detalles técnicos específicos. La idea, que puede variar según lo que finalmente se apruebe, es que haya mayor dinamismo en una materia como esta. En tal plano, se plantea una revisión periódica por las instituciones respectivas.

Indicaciones del Ejecutivo

En la jornada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó las doce indicaciones presentadas, las que toman en consideración las audiencias realizadas ante las comisiones.

Se trata aportes transversales, explicó, para definir puntos en los que se debía modificar la propuesta original.

La autoridad señaló que se omite la alusión a reglamentos, protocolos e instrucciones. Asimismo, se definen conceptos como objetivo legítimo, armamento letal y uso de la fuerza. Además, dijo que se aclaran conceptos en el principio de necesidad.

Por otra parte, se elimina la definición de “legitima defensa” y “cumplimiento del deber”. Especificó que diferían de otras conceptualizaciones existentes en la legislación.

Asimismo, se refuerza la idea que “proporcionalidad” no implica la igualdad de los medios empleados y que siempre se debe asegurar la superioridad del personal de Fuerzas de Seguridad y Orden Público (FFOSP) y las FF.AA.

Por otro lado, se especifica el principio de responsabilidad. Se aplica tanto a la autoridad civil como a los mandos respectivos, según disponga la ley.

El Ejecutivo, igualmente, propone el principio de rendición de cuentas y una nueva redacción del deber de gradualidad para mayor claridad, así como del deber de reportar.

En ese punto, se señala que los reportes de incidentes donde se haya hecho uso de la fuerza deben considerar un registro de lo sucedido (por cualquier medio idóneo, soporte electrónico, documental, audiovisual u otros).