A sala proyecto que elimina burocracia en el pago de pensiones por discapacidad
La comisión del ramo de la Cámara aprobó el articulado del texto que perfecciona la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, despachando así la iniciativa.
La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara aprobó un proyecto (boletín 14744) que busca eliminar la burocracia en el acceso a beneficios para las personas con discapacidad.
La moción parlamentaria, de autoría de la diputada Catalina Del Real (RN), agrega un artículo a la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para estas personas.
En la oportunidad, la instancia respaldó una indicación de consenso. El objetivo fue mejorar la redacción y alcance de la normativa.
En concreto, el nuevo texto establece que el Estado propenderá a crear las herramientas que garanticen el acceso expedito a los beneficios establecidos por la ley y que favorezcan a las personas con discapacidad.
Esto incluirá tanto medidas administrativas destinadas a adecuar cuando sea necesario, los trámites y procedimientos administrativos en los que participen personas con discapacidad, como la incorporación de tecnologías diseñadas para promover la inclusión en los servicios públicos.
En cualquier caso, el Estado se orientará a eliminar cualquier traba que apunte a menoscabar la dignidad de las personas con discapacidad
Pensiones de discapacidad
La idea del proyecto es hacer más expedito y eficiente, y por ende menos burocrático, los trámites relativos al otorgamiento y/o renovación de los beneficios que el Estado otorga a estas personas.
Lo anterior, por cuanto, cuando una persona cambia de categoría al cumplir los 18 años para el pago de subsidio de pensión, la aceptación o rechazo del trámite demora entre 4 y 8 meses. Si la solicitud se acepta, el pago, que es retroactivo, demora entre 2 y 4 meses más, con la consiguiente merma económica o perjuicio para la familia y el beneficiario final.
El texto enfatiza que, en materia de gestión, es absolutamente necesario adoptar medidas. Por ello, busca adecuar o modificar los criterios para el otorgamiento o renovación de subsidios o pensiones que el Estado concede a las personas en situación de discapacidad.
Asimismo, se deja de manifiesto que la excesiva burocracia que hoy existe se traduce en innumerables trabas del sistema. Dicha situación transforma el eventual apoyo en un trato denigrante para el beneficiario.