Aprueban informe sobre investigadora por asentamientos precarios
La instancia que analizó el traspaso de recursos desde el Minvu a fundaciones, aprobó su informe final sin los votos del oficialismo. El texto pasará ahora a la Sala.
La Comisión Investigadora sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, instancia conocida como “Caso Fundaciones” o “Caso Convenios”, aprobó su informe de conclusiones.
Tras un exhaustivo análisis, el grupo parlamentario (CEI 30) respaldó por 8 votos a favor y 5 en contra, el informe impulsado por parlamentarios de la oposición.
El documento señala en sus conclusiones que existió falta de voluntad de parte del Gobierno de colaborar con esta comisión. Al respecto se sostiene que dicha situación no resulta un hecho aislado.
Se recuerda además que los oficios despachados al Presidente de la República, en el marco de la labor que le corresponde a los diputados, no fueron contestados por el mandatario.
En específico el texto precisa que el caso Democracia Viva dejó de manifiesto la existencia de patrones comunes, que dan cuenta de un mecanismo para defraudar al fisco.
Así se sostiene que no es aventurado la existencia de un procedimiento, o el concierto previo para defraudar al fisco. El texto afirma que, lejos de ser entidades sin fines de lucro, muchas de ellas se transformaron en unidades de negocios.
Cuestionamientos políticos
El informe apunta a la responsabilidad de personeros de Revolución Democrática, en casos como el de Democracia Viva en Antofagasta, y otras fundaciones a lo largo del país, relacionadas con secretarías regionales ministeriales y gobiernos regionales. En tal sentido, el texto sostiene la existencia de una práctica transversal para aprovecharse del sistema.
Respecto de casos individuales, el documento señala que si bien el ministro de Vivienda, Carlos Montes, no conocía la situación que afectaba a su cartera, existe un reproche por la diligencia con la que actuó frente a los hechos ocurridos. Lo anterior porque debió fiscalizar la forma en la que subalternos y seremías llevaban a cabo los procesos.
Así se apunta también contra la ex subsecretaria de vivienda y urbanismo Tatiana Rojas, quien conocía los hechos. El informe apunta a su negligencia, al no denunciar los hechos que constituían caracteres de delito, casos que debió poner a disposición del Ministerio Público.
Lo propio respecto del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, quien tomó conocimiento de los hechos días antes de que estos salieran a la luz pública. Su omisión permite cuestionar su continuidad.
A ello se agrega su resistencia permanente de no asistir ante la Comisión Investigadora, sino hasta el pronunciamiento de Contraloría bajo amenaza de sanción.
Conclusiones
Entre las conclusiones contenidas en el texto se menciona la necesidad de modificar el marco normativo respecto de la relación del Estado con entidades sin fines de lucro.
Al respecto se insta a avanzar en la tramitación legislativa de todos los proyectos que dicen relación con la probidad en la administración pública.
Entre otros aspectos se llama a fortalecer el ordenamiento jurídico y la institucionalidad, para poner término a los controles laxos que permiten el registro de este tipo de situaciones.
Las conclusiones contenidas en este informe se pondrán además a disposición del Ministerio Público.
Investigadora Asentamientos Precarios
La comisión investigadora estuvo encargada de indagar el destino de fondos derivados hacia fundaciones.
El grupo parlamentario tuvo como misión reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentimientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu.
En ese plano, la comisión recabó información sobre los actos del Gobierno, relacionados con las transferencias de recursos realizadas por el ministerio y sus secretarias regionales ministeriales, así como del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), durante los años 2022 y 2023.
La investigación puso especial énfasis en los recursos entregados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Ello sin perjuicio de los antecedentes que se recopilaron durante el funcionamiento de la instancia.