CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

En el marco de la agenda de seguridad, la Comisión de Gobierno Interior abrió un espacio de análisis para abordar la delincuencia y sus diversas aristas. Así, en una primera cita, abordó el tema de los campamentos y tomas y sus efectos en la criminalidad.

Rubén Darío Oyarzo (PDG) lamentó la ausencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, como también la del alcalde de Maipú. Ahora, sobre el punto de la convocatoria, subrayó que los campamentos nacieron hace años, pero observó que la problemática actual es distinta: delincuencia que se mezcla con migración ilegal.

Camila Musante (IND) relevó la importancia de atender el déficit de vivienda. Evaluó que, si bien hay consenso en que los campamentos son un espacio para el crimen organizado, planteó que es el Estado el que debe tener un rol activo en materia de integración y acceso a la vivienda. Asimismo, lamentó que la especulación inmobiliaria impida que la gente adquiera inmuebles.

Miguel Ángel Becker (RN) subrayó que se debe trabajar en conjunto. “Cerrar las fronteras y sacar a los delincuentes”, comentó. De igual modo, dijo que hay que tomar en consideración lo que ocurre en nuestro país, señalando que han sido años muy complejos.

Para Renzo Trisotti (UDI), lo que hoy vive la región Metropolitana se vive hace más de dos años en la región de Tarapacá. Así, alertó que son decenas de miles de personas viviendo en condiciones indigna. Estimó que es un problema de emergencia habitacional que es urgente de solucionar. “Actualmente, no vemos un plan de acción concreto”, criticó.

Javiera Morales (PCS), en tanto, remarcó que esto no empezó hace dos años. En tal plano, señaló que su inquietud es conocer qué ocurrirá con las personas que no han sido empadronadas vía empadronamiento voluntario y cuáles serán los pasos a seguir para avanzar a una política clara.

La presidenta del grupo parlamentaria, Joanna Pérez (DEM), planteó que es necesario contar con un proyecto integral. Por ello, agregó, la idea es que la comisión colabore para desarrollar una visión más completa.

En la ocasión, también consultó sobre las casas de tortura, el cementerio clandestino y las casas búnker. Junto a ello, tener antecedentes sobre las acciones que está desarrollando el Estado. En este contexto, preguntó sobre cuántos migrantes irregulares han sido expulsados, así como otras interrogantes que se plantearán al Ejecutivo vía oficio.

Alcaldes

Para hablar del tema de los campamentos estuvo Lorena Facusse, alcaldesa de Cerrillos. En particular, expuso la realidad del campamento “Nuevo Amanecer”. A su juicio, no hay control e informó que la zona está compuesta en un 95% por extranjeros.

Sostuvo que se trata de un fenómeno que se debe abordar desde el punto de vista de distintos ministerios. En este sentido, valoró el trabajo de la delegación presidencial, aunque estimó que no es suficiente. Asimismo, manifestó su temor de que ocurra un incendio, ya que, actualmente, no hay vías de escape.

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Puente Alto, German Codina, afirmó que los campamentos afectan a distintos municipios.

Recalcó que las personas viviendo en campamentos o asentamientos se han triplicado, evidenciando la poca gestión política que existe. En tal dirección, llamó a la PDI a gestionar mayores pesquisas para frenar la delincuencia. Igualmente, pidió que se entreguen viviendas, no en los mismos lugares, sino en sectores donde existan servicios y conectividad.

Por su parte, Jonathan Opazo, alcalde de Lampa, dijo que su comuna cuenta con 22 campamentos y dos tomas. La única diferencia entre una toma y un campamento, especificó, es que fue catastrado por el Ministerio de Vivienda.

Según manifestó, aquel catastro está obsoleto, ya que consigna más de dos mil viviendas de este tipo. No obstante, la indagatoria municipal detectó cerca de 7 mil casas, detalló.

PDI

El subinspector de investigación policial y criminalística, Lautaro Arias, también participó en la sesión, acompañado de otros funcionarios de la institución.

En general, centraron su informe en la  fiscalización de extranjeros y el trabajo territorial, con investigaciones de común acuerdo con el Ministerio Publico. Alertó que en las comunas y campamentos señalados tienen varias investigaciones en curso.

Explicó que, por la naturaleza de los hechos antes mencionados, no se puede dar a conocer los avances. Sin embargo, adelantaron que, prontamente, habrá resultados.

En tanto, sostuvieron que hay investigaciones de largo aliento, a través de brigadas territoriales y grupos de trabajo sobre trafico cero y de armas, pues se aumentó la dotación de funcionarios.

Delegada presidencial

La delegada presidencial, Constanza Martínez, dijo que en la región Metropolitana existen alrededor de 143 campamentos y tomas, contabilizándose más de 20 mil familias.

Acotó que los campamentos mencionados en la comisión se consolidaron en pandemia producto de las crisis habitacional, migratoria y de seguridad.

Especificó que, como es de esperar, cada una de las tomas cuenta con diferencias específicas. También se constataría denuncias de loteos irregulares y venta de terrenos.

Informó que la estrategia se ha centrado en un reposicionamiento del Estado en estos lugares, con foco en Cerrillos. Detalló que allí se formó una mesa de trabajo, en abril de 2023, para avanzar en la materia con acciones focalizadas y estrategias de mitigación y recuperación.

De igual modo, se estarían llevando a cabo acciones focalizadas: Fiscalización de espacios ilegales, control migratorio e investigaciones. Por último, buscar la mitigación en casos de complejidad de erradicación.

Finalizó señalando que se trata de una estrategia compleja que no tiene un problema de solución de corto plazo. “Se trata de enfocarse en las complejidades de estos lugares”, reflexionó.