Gobierno presentó proyecto que fortalece la investigación y persecución de carteles
El objetivo de la iniciativa es proteger la libre competencia, previniendo y sancionando conductas colusorias que afectan gravemente el sistema económico de libre mercado.
Entregar nuevas herramientas para la investigación de carteles o acuerdos colusorios y reformar los procedimientos seguidos por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) son parte de los objetivos del proyecto presentado por el Gobierno (boletín 13.312) y que ingresó a la Cámara con urgencia calificada de “suma” (15 días para el trámite).
La iniciativa establece también aumentos a la pena para el delito de colusión cuando este recae sobre bienes y servicios de primera necesidad. Además, se creará una figura que permita que personas que no participan de una conducta anticompetitiva, pero tiene conocimiento de ella, puedan denunciarla a la FNE.
El mensaje del Gobierno establece que esta nueva institución incentivará la denuncia de conductas ilícitas, previniendo y evitando eventuales consecuencias perjudiciales para el denunciante.
De acuerdo a lo establecido en el proyecto, los acuerdos colusorios suelen implementarse sobre la base de obligaciones recíprocas, que facilitan su ejecución prolongada en el tiempo. Por ello, el acceso a registros de transacciones bancarias –tales como depósitos, transacciones o captaciones-, pueden resultar relevantes para la persecución de un cartel.
El texto también considera la inclusión de nuevas técnicas de investigación, como obtención de fotografías, filmaciones o grabaciones de comunicaciones entre personas presentes, pues resultarían de gran ayuda para la detección y acreditación de un cartel.
Además, se establece la imposición de sanciones para quienes entorpezcan las medidas de entrada y registro, oculten o destruyan evidencia con el fin de dificultar, desviar o eludir el ejercicio de las atribuciones de la FNE.
Aumento de penas
La propuesta del Gobierno recoge los últimos hechos de colusión que han afectado a la ciudadanía en artículos de primera necesidad (colusión de farmacias y los llamados “caso pollos” y “caso tissue”). Frente a ello, se incorpora la figura agravada de colusión referida a aquellos casos en que el acuerdo recaiga sobre este tipo de bienes y servicios.
La pena para esta nueva figura es de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años de presidio).