Sala aprobó nueva extensión del estado de excepción en la macrozona sur
La medida rige desde el 16 de mayo de 2022 para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío. Según datos aportados por el Ejecutivo, hasta el 17 de abril, se registra la detención de más de mil personas en total, en el contexto de la aplicación de esta herramienta constitucional.
La Sala de la Cámara respaldó, nuevamente, una extensión de 30 días del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur. Específicamente, rige para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.
La solicitud presidencial, derivada ahora al Senado, informa que, desde el inicio de la aplicación de esta herramienta constitucional, en mayo de 2022, hasta el 17 de abril pasado, Carabineros de Chile reporta 453.778 controles: el 66% de ellos vehiculares y el 34%, de identidad. Asimismo, se ha concretado la detención de 1.020 personas en el contexto de servicios por el EECE. De ellas, 29 se detuvieron entre el 01 y el 17 de abril de 2024.
El texto también menciona que hubo una disminución del 35% de los eventos de violencia rural con respecto al mismo periodo de 2023. Igualmente, se constató un descenso del 51%, en comparación del 2021. Esta es la menor cifra de los últimos cuatro años.
Adicionalmente, se indica que los eventos han disminuido en todas las regiones de la macrozona sur: 36%, en La Araucanía; 24%, en el Biobío; 73%, en Los Ríos; y 80%, en Los Lagos. A nivel provincial, los eventos han decrecido un 29% en Malleco. Así, esta provincia es la que más incide en la disminución de casos, tanto en la macrozona sur como en las provincias con estado de excepción.
Los delitos que guiaron la disminución de eventos en la macrozona sur fueron los delitos de incendio, robo y desórdenes. Las usurpaciones, en tanto, muestran una baja del 13% en comparación al 2023 y son un 84% menores a las del 2021. De hecho, se precisa, durante 2024 se ha registrado sólo una usurpación violenta.
Incendios y cortes de ruta
En la macrozona sur los ataques incendiarios se redujeron en un 44%, según expone la solicitud del Presidente de la República. En la misma línea, los bienes incendiados disminuyeron en 55% respecto del mismo período del 2023. Ahora, los inmuebles incendiados bajaron un 73% y los camiones incendiados en un 63% respecto del mismo año. No obstante, los buses incendiados pasaron de 0 a 1, en comparación al mismo período del 2023.
Finalmente, se observa una reducción del 52% en los cortes de ruta en la macrozona sur. Además, se presenta un descenso del 57% de eventos con presencia de armas de fuego en comparación al 2023.
Pese a los datos mencionados, se observa que aún se registran actos de violencia extrema que requieren una mayor presencia estatal. “Un ejemplo de esto ocurrió el 7 de abril, en Perquenco, donde un grupo de individuos incendió un inmueble y robó dinero desde un inmueble cercano utilizando armas de fuego. De igual forma, el 7 de abril, en Cañete, 13 integrantes de una comunidad indígena incendiaron una plantación de trigo en un predio usurpado”, se comunicó.
En tal plano, se apela a dar continuidad al estado de excepción, el cual comenzaría a regir una vez vencido, el próximo 5 de mayo, el decreto vigente.
Discusión por la nueva extensión
Expusieron en el debate Miguel Mellado (RN), Jorge Rathgeb (RN), Stephan Schubert (IND), Johannes Kaiser (IND), Leonardo Soto (PS), Henry Leal (UDI), Emilia Nuyado (PS), Daniel Lilayu (UDI), Gonzalo Winter (PCS) y Juan Antonio Coloma (UDI). Por el Gobierno intervino la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Algunos valoraron las cifras entregadas por la autoridad, reconociendo reales avances en el control de la violencia en la macrozona sur. Especialmente se valoró la estrategia que permite un aumento de las detenciones y, más aún, de las condenas (167 en 2023).
Asimismo, se observó que es preciso mantener esta medida de excepción, aunque también se llamó a generar condiciones de salida. En particular, evaluar un ajuste en el área de aplicación, para concentrar los esfuerzos donde se necesita más.
Otras visiones fueron más críticas. Se sostuvo que no se han emprendido las medidas necesarias conforme a la envergadura del problema. En este marco, varios relataron hechos recientes de extrema violencia que dan cuenta de la mantención del terrorismo. Así, apelaron por acciones drásticas y excepcionales.
Por último, entre las opiniones se observó que este problema tiene un origen histórico y que, así como hay que reconocer el dolor de los afectados por la violencia, igualmente se debe atender una demanda de derechos territoriales del pueblo mapuche. En tal plano, se pidió más diálogo para generar soluciones desde el nivel político.