CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

En sesión mixta -presencial y telemática-, la Comisión de Economía analizó el veto presidencial al proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus y dispone la postergación del cobro de dichas deudas (boletines refundidos N° 13.315, 13.417, 13.438, 13.329, 13.342, 13.347, 13.354, 13.355 y 13.356).

La instancia escuchó, en primer término, los argumentos de los legisladores sobre la inadmisibilidad de las observaciones, y de los ministros Secretario General de la Presidencia y de Energía, Claudio Alvarado y Juan Carlos Jobet, respectivamente, que llamaron a considerar estas observaciones presidenciales.

Al respecto, la comisión votó la inadmisibilidad del veto, que obtuvo 6 votos a favor (oposición) de considerar estas observaciones inadmisibles, y 7 en contra (del oficialismo más el presidente de la instancia, diputado Pedro Velásquez).

Luego de ello, se pasó a la votación en conjunto de las cinco observaciones realizadas por el Presidente de la República a la normativa -ya aprobada por el Congreso Nacional-, las que fueron rechazadas por 6 votos a favor (diputados de Chile Vamos, además del diputado Velásquez), 6 en contra (diputados opositores) y 1 abstención (diputado Joaquín Lavín), resultado que no permitió que existiera la mayoría de votos afirmativos requeridos para su respaldo.

Ahora las observaciones deberán ser votadas por la Sala de la Cámara, y el informe negativo de la comisión será informado a esta por el diputado Renato Garín.

Cabe recordar que las observaciones planteadas por el Primer Mandatario eliminan todas las normas referidas a los servicios de Telecomunicaciones, establece límite de consumo en agua potable para acceder a los beneficios de esta ley y eliminan la prohibición que afectaría a las empresas de poder recuperar por alguna vía los costos de implementar esta norma.

Argumentos de Inadmisibilidad

El diputado Jaime Naranjo (PS) planteó ante la comisión que el veto era inadmisible porque va en contra de las ideas matrices del proyecto de ley.

En específico, señaló que se cuestionan las siguientes observaciones:

1) La que se agrega al artículo 2° para limitar la suspensión de cobro y prohibición de corte en razón al consumo,

2) La que suprime el artículo 3° del proyecto de ley, respecto de la obligación de las empresas de telecomunicaciones de mantener a disposición de sus clientes un plan básico solidario, y

3) la que suprime el artículo 8° que establece la prohibición para las empresas de traspasar los mayores gastos en que puedan incurrir con ocasión de la aplicación de la ley a los usuarios finales, y elimina también la disposición que establece que no se podrá tener ese factor en consideración para los efectos de los procesos de fijación tarifaria.

Este planteamiento fue compartido por la mayoría de los diputados de oposición, que lamentaron que el gobierno no se haya hecho parte con anterioridad en la tramitación de la iniciativa.

Por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN) consideró admisible el veto presidencial porque no se tocan las ideas matrices del proyecto, ya que se mantiene el no corte de los servicios básicos y la garantía de los usuarios de pactar el pago de la deuda en hasta 12 meses.

Defensa del Ejecutivo

El ministro Secretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, consideró que existe una seria confusión en los argumentos de la oposición, que habla de suprimir los beneficios de las personas, porque esto no es modificado por el veto,  ya que no se cortarán los servicios básicos de agua, luz eléctrica y gas de red por no pago, así como tampoco elimina este veto la posibilidad de acceder al pago en 12 cuotas.

Recalcó que se quiere subsanar la normas que establecen cargas a las empresas, compensaciones o hacer gravámenes hacia delante. Agregó que se busca no exponer al Estado a eventuales demandas y que se está salvaguardando el patrimonio del Estado.

Por último, la autoridad insistió que el veto perfecciona la normativa, ya que busca apoyar a las personas manteniendo los beneficios, y cuida el estado de derecho, agregando elementos de respeto a la institucionalidad vigente.

En tanto, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, informó que desde marzo a la fecha no se han producido cortes de servicios básicos, lo que tampoco ocurrirá en los próximos 90 días; solución que se dio por la vía administrativa con el acuerdo al que llegó el gobierno con las empresas, y que ha aumentado en cobertura y plazos.

Jobet también dijo que se busca corregir la ley para promulgarla de mejor manera. Y, añadió, que hay dos temas en discusión: buscar la mejor vía para entregar planes gratuitos de telecomunicaciones para las personas, los que puedan ser fiscalizados por Subtel; y que el costo beneficio de la ley no lo paguen las personas.

Contenido de las observaciones

En relación a los servicios básicos, el veto plantea suprimir el artículo 8° del proyecto, que prohíbe a las empresas recuperar los costos que irrogue para ellas la implementación de este proyecto de ley, por medio del traspaso a precio o en procesos tarifarios, entre otras vías, según corresponda a la actividad económica respectiva, ya que esta sería una norma inconstitucional; así como eliminar la necesidad de que exista una compensación de cargo fiscal, lo cual incidiría en la admisibilidad de las mociones refundidas que se observan.

Respecto del agua potable se critica que el texto aprobado por el Congreso carece de un límite de consumo para efectos de postergar los pagos, y por ello, se propone incorporar un límite de consumo de hasta 15 metros cúbicos, con ciertas excepciones.

En materia de servicios de Telecomunicaciones, el Ejecutivo señala que este texto legal iguala estos servicios con aquellos que se les ha considerado “básicos”, cuyo denominador común es que corresponden a servicios regulados de carácter monopólico, con un régimen de fijación tarifaria por parte del Estado, características que no son propias del mercado de telecomunicaciones.

La propuesta del Congreso Nacional fue crear un plan de conectividad gratuito (artículo 3), con una serie de condiciones de servicio para los usuarios de telefonía móvil, acceso a internet fijo y móvil; y para los usuarios de telefonía fija, que no podrán contar con compensación económica alguna; constituyendo un importante gravamen pecuniario para las empresas prestadoras del servicio, sostiene el gobierno.

En esa línea, el Ejecutivo plantea suprimir dicha norma, y recuerda que en virtud de asegurar la conectividad, conjuntamente con la industria de telecomunicaciones se llegó al consenso de entregar un plan de conectividad gratuita, orientado al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares; el cual fue formalizado ante la autoridad por medio de cartas presentadas por la Asociación de Telefonía Móvil A.G.  y WOM S.A. con fecha 1 de julio y 23 de junio respectivamente.

Por estas razones, se propone suprimir el mencionado artículo 3, así como las menciones a los servicios de telecomunicaciones en otros artículos.