Comisión Investigadora de Casinos terminó período de audiencias
La instancia recibió nuevamente al exsuperintedente de Casinos y Juegos, Francisco Leiva, quien reiteró sus cuestionamientos al proceso de licitación que adjudicó casinos a la empresa Enjoy, así como la falta de fiscalización por parte de la actual autoridad.
La comisión investigadora que indaga el actuar de los órganos de administración encargados de fiscalizar los casinos de juego, particularmente el estado de insolvencia del grupo Enjoy, y el eventual daño a las finanzas regionales y municipales, recibió en sesión presencial y telemática al exsuperintendente Francisco Leiva, por segunda vez.
En su exposición, Leiva se refirió a tres puntos: las proyecciones de Enjoy, la modificación legal que beneficiaría a la empresa y las facultades de fiscalización de la Superintendencia.
En primer lugar, indicó que las ofertas económicas de Enjoy significan 25 mil millones adicionales anuales para seguir operando los casinos municipales de Coquimbo, Viña del Mar y Pucón. “A pesar del mayor gasto, igual proyectan un aumento del EBITDA” (indicador financiero que permite conocer si la empresa es rentable o no).
Consideró que estas “son proyecciones que no se ajustan a la realidad. Es un hecho cierto que pagar 25 mil millones año a año en casinos consolidados (…), lo que significa 25 mil millones menos de resultados para Enjoy S.A.”.
El segundo punto abordado son las eventuales modificaciones legales a las que se han referido el subsecretario de Hacienda y la superintendenta del ramo, para permitir una prórroga de plazo del proceso de renovación de permisos que se inició el pasado 27 de julio y para prorrogar por un año la entrada en operación de los casinos municipales que se adjudicó Enjoy.
A juicio de Francisco Leiva, esto parece tratarse de una “Ley Enjoy”, ya que sólo buscaría resolver diversos problemas que enfrenta esta empresa. Ello, porque con la aplicación de la ley actual Enjoy S.A. no podría ser evaluado para participar en procesos de licitación porque se encuentra en estado de insolvencia, y tampoco podría repostular a la administración de sus casinos.
Además, dijo que llama la atención la carta del director de Enjoy a los alcaldes de casinos municipales, para que el plazo se prorrogue por 3 años (ya se prorrogó en junio de 2018).
Al respecto, explicó que en el casino de Viña del Mar el plazo para iniciar operaciones se cumplió el pasado 29 de septiembre. “Son plazos que no son posibles de cumplir”.
A continuación, reiteró la idea de que “Enjoy presentó ofertas temerarias para ganar la licitación”, tema que respaldó con dos informes de clasificadoras de riesgo. Además, cuestionó cómo la Superintedencia validó ofertas que no son sustentables en el tiempo.
Fiscalización
La exautoridad indicó que la ley vigente faculta a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) para fiscalizar a un accionista de la sociedad operadora, y recalcó que la entidad puede fiscalizar el otorgamiento de créditos por Enjoy Gestión Limitada en el Casino de Rinconada, y la operación de juegos online realizado por la misma empresa.
Esto de acuerdo al artículo 42 de la ley de Casinos, del año 2015, que permite “examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, actas, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las sociedades operadoras, sus socios, accionistas, directores y administradores, siempre que se refieran a la operación de los casinos”.
A su juicio, la SCJ sí puede sancionar al casino de Rinconada, en este club de fidelización que realiza al interior del casino, en salas contiguas, donde hay otorgamiento de créditos cuando el jugador entrega cheques y recibe un voucher canjeable por dinero o fichas, situación que está prohibida por la actual normativa.
Para continuar con su investigación, la comisión está a la espera de la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, para visitar las obras del Casino de Viña del Mar.
Asimismo, sesionará este jueves 15 de octubre, a las 15 horas, y tiene un plazo de 15 días para elaborar el informe de conclusiones y propuestas, que debería estar listo entre el 26 y el 30 de octubre.