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Piden que municipios beneficiados rindan aportes del Fondo Solidario ante la Contraloría

La medida, planteada por medio de una resolución, busca evitar que los dineros se destinen a otras acciones que no sean la ayuda a la comunidad afectada por el Covid-19.

Sala

Con 118 votos a favor, once en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 1335, que solicita al Ejecutivo instruir a todos los municipios beneficiados con el Fondo Solidario Municipal a rendir dichos recursos a la Contraloría General de la República, identificando procesos de compra, ejecución de gastos, proveedores, valor unitario de productos/servicios y los criterios de ayuda de entrega de alimentos.

La iniciativa fue presentada por los diputados radicales Cosme Mellado, Marcela Hernando, José Pérez y Alexis Sepúlveda y los independientes Pedro Velásquez, Karim Bianchi y René Saffirio.

El texto recuerda que, en mayo, el Ministerio del Interior emitió un decreto para efectuar un aporte extraordinario a las municipalidades, por una sola vez, con el objetivo de contribuir a mitigar los costos que han debido enfrentar en el presente año debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Dicho aporte se distribuyó mediante un método de objetivación de recursos, para priorizar a aquellas comunas con población con menos recursos e ingresos. Por lo mismo, se excluyeron municipios de altos ingresos. El total de recursos del aporte extraordinario fue de ochenta mil novecientos sesenta millones de pesos.

Aún cuando está expresamente descrito en el decreto que las municipalidades deben rendir gastos que ejecuten a la Contraloría General de la República en el proceso de rendición de cuentas, los autores sostienen que es necesario realizar protocolos y acciones tendientes al buen uso de los recursos.

“Este aporte extraordinario debe, necesariamente, recaer en ayuda social de alimentos, en ayuda social en salud, mejoramiento de las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales, en la compra de elementos textiles para afrontar la pandemia, para el pago de viviendas, servicios básicos o traslados y temas de seguridad vinculados a la pandemia”, precisan, evitando el aprovechamiento de estos dineros públicos para campañas electorales o en la compra de sobre precios de los alimentos e implementos.