Zonas Extremas: Revisan problemas en programas proempleo
El grupo parlamentario recibió antecedentes sobre las observaciones de Contraloría respecto al beneficio social, que está pendiente para más de 800 personas. A su vez, sobre una investigación especial que se realizará al gobierno Regional de Arica y Parinacota sobre el uso de recursos públicos y la realización de eventuales actividades políticas.
Preocupados por la concreción del Programa de Inversión a la Comunidad (PIC) del Ministerio del Trabajo, en la región de Arica y Parinacota, los integrantes de la Comisión de Zonas Extremas recibieron a la Contralora general (s), Dorothy Pérez.
La presentación de la personera se enmarcó en los actos administrativos sujetos al control previo de legalidad, correspondientes al citado programa proempleo, en el período 2020-2023 (ver presentación).
Dorothy Pérez explicó que el programa busca resolver bajos niveles de empleo con proyectos intensivos de uso de mano de obra, para absorber niveles de cesantía en algunas regiones y que tengan claros beneficios comunitarios. Para ello, en 2023, se proyectó la entrega de $3.678 millones de pesos para 822 beneficiarios de cuatro comunas de la región nortina.
Al respecto, sostuvo que en la mayoría de las revisiones anuales se realizaron alcances respecto a tratos directos. Añadió que en las últimas dos de 2023, se realizaron objeciones de fondo. Entre ellas, el plazo de ejecución de los convenios, problemas de imputación de recursos y que no se presentara un certificado de una de las entidades receptoras de recursos, la cual no estaba al día con una rendición de cuenta anterior.
En conclusión, la contralora manifestó que para avanzar en la ejecución del programa corresponde que se reingresen actos administrativos a trámite o nuevas transferencias de recursos. No obstante, Pérez indicó que, desde el 14 de diciembre hasta el viernes 3 de mayo, no han sido ingresados actos a nivel regional ni nacional.
Reacciones
Sobre la materia, los diputados representantes de dicha zona plantearon que buscan determinar por qué los recursos no llegaron a las personas.
Indicaron que, respecto de los 800 beneficiarios pendientes, el gobernador regional ha expresado que serán contratados vía Conaf o se entregará una giftcard de 1 millón 400 mil pesos, a cada uno.
Enrique Lee (IND) manifestó su preocupación sobre que Conaf se haga cargo, teniendo en cuenta que aún no ha rendido recursos anteriores. Asimismo, criticó la opción de entrega de la giftcard. Esto lo consideró “un ofertazo” al borde de la ilegalidad y cercano al cohecho, a meses de la elección en que se elegirán autoridades regionales.
Por su parte, el diputado Luis Malla (PL) afirmó que se debe fiscalizar que los actos administrativos se ajusten a la norma y evitar que estas situaciones se repitan.
Ante estos planteamientos, se solicitó a la Contraloría informar -por escrito- sobre la legalidad de entrega de una giftcard, la contratación vía Conaf y que el programa proempleo dure dos años.
Auditoría al Gore
Otro tema que debatió la comisión, es la auditoría externa que la empresa Fortunato y Asociados Ltda., realizó al realizada al Gore Regional de Arica y Parinacota. Documento que el diputado Lee remitió a la Contraloría.
Sobre esto, la contralora informó que se inició una investigación el 4 de abril. Sobre la auditoría, esta habría tenido limitaciones en su trabajo, por temas como descuadratura entre activos y pasivos. También, falta de documentación que acreditara el nivel educacional de funcionarios contratados y que no se ajustan a los perfiles de los cargos. Otros puntos, son la ausencia de rendiciones del 6% del FNDR y diferencias de saldo inicial y final de caja, entre otros puntos.
En tal sentido, la Contraloría recogió, además, otras denuncias de particulares. Sobre todo esto se indagará el eventual uso de recursos públicos para actividades que promueven la imagen del gobernador, entrega de calendarios de propaganda política y financiamiento de un programa de televisión con recursos públicos. Así como, eventuales irregularidades relacionadas a gastos del programa proempleo.