Comisión aprueba sancionar administración de drogas sin consentimiento que dobleguen voluntad de las personas
En el marco del debate del proyecto que busca mejorar la persecución del narcotráfico, la Comisión de Constitución aprobó que usar una droga para burlar la voluntad de la víctima y con esto presente una merma patrimonial, abuso o violación, serán considerados como una circunstancia agravante.
La Comisión de Constitución se reunió, de manera presencial y telemática, con el propósito de continuar la discusión y votación en particular el proyecto de ley refundido que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social (boletines 13.588, 11915, 12668 y 12776) con urgencia de discusión inmediata.
Durante la sesión, las diputadas y diputados aprobaron incorporar a la reforma legal de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, un nuevo artículo 5° bis propuesto por el Ejecutivo que señala que, aquel que sin el consentimiento de la persona afectada le administre sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, que doblegue la voluntad, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, aplicando una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales.
También indica que, si se hubiese obrado con violencia o intimidación, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio. Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.
Además, la instancia legislativa declaró inadmisibles dos indicaciones presentadas por las diputadas Claudia Mix (Comunes), Karol Cariola (PC) y los diputados Tomás Hirsch (IND), Víctor Torres (DC), Leonardo Soto (PS) y Vlado Mirosevic (PL) y otra presentada por el diputado Gabriel Boric (PCS), referidas a temas sobre siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis, por considerarse que no guardan relación con las ideas matrices del actual proyecto que busca perseguir el narcotráfico y el lavado de activos.
Debate
A la instancia legislativa asistió Carlos Charme, director nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Luis Toledo, director de la Unidad de Narcotráfico del Ministerio Público; además de Claudio Venegas, representante de la Fundación Utopía y Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de la Fundación Daya.
Sobre las normas en debate, Luis Toledo indicó que lo que se intenta con esta norma es penalizar el narco suministro de drogas de sumisión química, como una norma especial que viene a regular estas situaciones con mayor precisión, ante lo cual manifestó que para el Ministerio Público esta “aporta y no resta a la persecución penal”.
Detalló que la norma tiene dos modificaciones importantes. Por un lado elimina el concepto de hidrocarburos y se cambia por solventes orgánicos y, en segundo lugar, agrega el concepto de gases inhalantes.
En esa misma línea, Claudio Venegas, de la Fundación Utopía, señaló que el fenómeno de las sustancias psicoacticas es extremadamente dinámico, por lo que año a año van surgiendo una cantidad no menor de sustancias nuevas.
“No existen instancias formales y regulares donde, con participación técnica y la sociedad civil, puedan estar monitoreando y entregando alertas a la ciudadanía para controlar este tipo de situaciones”, señaló.
Por su parte, desde la Fundación Daya, Ana María Gazmuri recalcó que “la intervención de la sociedad civil a este proyecto no es para brindar mayores atribuciones a los jueces, que ya las tienen y por eso sobreseen a los usuarios; sino para evitar llegar a la judicialización. Necesitamos evitar que los pacientes de cannabis, que no son traficantes, padezcan todo ese largo proceso”, puntualizó.