Trabajo aprueba legislar beneficio para afiliados enfermos terminales
En la discusión particular se buscará coherencia normativa con la reforma constitucional aprobada en Constitución y que busca un objetivo similar en el caso de los afiliados que sean calificados como enfermos terminales.
La Comisión de Trabajo aprobó la idea de legislar del proyecto presentado por el gobierno para regular el retiro de fondos previsionales para personas que sean declaradas con un enfermedad terminal (boletín 13.853).
Para la discusión particular, la instancia buscará que sea coherente con una iniciativa similar que se discutirá en la Sala de la Cámara, este martes, y que corresponde a una reforma constitucional.
Para ello, según anunció el gobierno, se ingresarán indicaciones al texto de reforma constitucional de modo que pueda ser remitido, nuevamente, a la Comisión de Constitución, y que el mensaje que se estudia en Trabajo tenga más tiempo de discusión y sea analizado en profundidad y en forma paralela.
Este proyecto ha sido calificado como de “absoluta necesidad” y genera apoyos transversales. De ahí la voluntad que se expresó entre las y los diputados de la instancia y el Ejecutivo, para respaldar la propuesta de establecer este beneficio para los afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales.
En líneas generales, la propuesta del Ejecutivo modifica el decreto ley N° 3.500, que establece el Sistema de Pensiones, para incorporar una nueva modalidad que permite que todo afiliado que sea calificado como inválido total y que sufra una enfermedad terminal, tenga derecho a percibir una pensión como renta temporal, calculada para un periodo de dos años, y que será pagada por la AFP con cargo al saldo de la cuenta de capitalización individual, una vez reservado el capital necesario para pagar las pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria, cuando corresponda.
La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, recalcó que esta iniciativa “no es un retiro de fondos, sino un proyecto de beneficios con una mirada integral en los principios de la seguridad social”. En ese sentido, destacó que el texto va en sintonía con una necesidad latente de un sector de la sociedad que necesita recursos, razón por la cual, el proyecto “no llega tarde”, tal como se ha mencionado desde algunos sectores.
La presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans (PCS), indicó que el mensaje tiene que ver con un tema de fondo que es “la idea de ayudar a las personas con una enfermedad terminal. Nuestra preocupación es con los tiempos de respuesta para los beneficiarios y de cómo se puede hacer en un tiempo acotado, ya que, por ejemplo, eso se vio en la reforma constitucional que presentó el diputado Ilabaca”.
Por su parte, el diputado Patricio melero (UDI), se mostró a favor de la iniciativa. “Felicito al Gobierno por la iniciativa y que, en definitiva, se haya sensibilizado por el tema”. Además, destacó que la discusión se da en una conjunción transversal y sobre un proyecto que es necesario. “Espero que ese ánimo se extienda a la reforma de pensiones que se ve en el Senado”.
Organizaciones invitadas
Para abordar esta iniciativa, la comisión recibió a María Adriana Montenegro, presidenta de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, quien destacó el proyecto, junto con dar cuenta de la velocidad de respuesta que se espera de las solicitudes, una vez que el texto sea ley. “La idea es que todo sea expedito; se requiere de una presentación o tramitación rápida, así como de una respuesta similar. Soy tremendamente optimista en que los plazos se van cumplir a cabalidad”.
Por su parte, Juan Carlos Pizarro, presidente de la Fundación Valídame, dijo que la iniciativa es un “proyecto largamente esperado y necesario. Sin embargo, creemos que el texto debe ser adecuado en algunos aspectos porque nos preocupa el tema de las notificaciones, porque muchas personas pueden quedar excluidas. Es decir, es vital, lo que dice relación con la modernización de los procesos administrativos”.
Cabe precisar que este proyecto considera enfermo terminal a toda persona con una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada, de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces, y, en ambos casos, con una expectativa de vida inferior a 12 meses.
La propuesta, además, indica que en el caso que los afiliados afectados tengan beneficiarios de pensión de sobrevivencia, como por ejemplo, cónyuges e hijos menores de 18 o 24 años, en el caso que se encuentren estudiando, se reservarán el 60% de los fondos acumulados para cumplir con esta obligación, así como la cuota mortuoria, antes de hacer la proyección de pensión temporal.
Una vez que el texto sea despachado desde la Comisión de Trabajo, probablemente durante la semana del 16 de noviembre, la iniciativa será remitida a la Comisión de Hacienda, para su revisión en lo concerniente al gasto público involucrado.