Fortalecen derechos de deudores de créditos para financiar estudios de educación superior
El proyecto, aprobado por la Cámara y enviado a tercer trámite, hace aplicable las normas de los derechos de los consumidores a este tipo de préstamos, al tiempo que elimina disposiciones que, hasta ahora, mantienen en una situación de indefensión a las y los estudiantes.
Acceder a la educación superior es un sueño que, para muchos, termina siendo una pesadilla. Esto, porque las negativas condiciones crediticias que se deben enfrentar los ponen en un claro desequilibrio frente a las instituciones que otorgan dichos financiamientos.
Un proyecto, aprobado hoy por la Cámara y enviado a tercer trámite, al Senado, busca avanzar en una posición más sólida para las y los estudiantes. La iniciativa (boletín 13053) pasa, en primer lugar, por interpretar la Ley sobre protección de derechos de los consumidores. La idea que es que esta normativa se aplique a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior.
Un segundo grupo de normas efectúa enmiendas a las leyes 19.287 y 20.027, que regulan los créditos universitarios. En este caso, el objetivo es terminar con condiciones que permiten situaciones de indefensión de las y los estudiantes.
En este marco, por ejemplo, se elimina la condicionante de que los créditos objeto de garantía estatal no podrán ser otorgados por el fisco. También permite acceder a beneficios a quienes estén en mora.
Otros avances de esta ley
Además, la iniciativa incluye, dentro de las posibilidades de suspensión del pago, la concurrencia de una enfermedad de alto costo.
Asimismo, dejan de operar condicionantes para hacer efectiva la garantía estatal, relativos a descuentos obligatorios de parte de los empleadores. Junto a ello, las multas asociadas a dicha situación.
Por otra parte, se autoriza a la Tesorería General de la República a condonar, total o parcialmente, los créditos. Hasta ahora, solo se la faculta para la condonación de intereses y sanciones por mora en el pago de estos.
Otra modificación impide (como es hasta hoy) que las nóminas de los deudores morosos sean públicas.
Finalmente, la propuesta interpreta la Ley de Quiebras (20.720). La finalidad es establecer que las deudas adquiridas por educación superior puedan sujetarse a sus procedimientos.
Cabe mencionar que la iniciativa ya contaba con su aprobación en general, el pasado 4 de julio. En la ocasión se presentaron dos indicaciones que no contaron con apoyo en la votación del nuevo informe de la Comisión de Educación. Así, el texto mantuvo los mismos lineamientos previos, hecho que fue apoyado por la Sala tras dos votaciones.
Discusión
Intervinieron en el debate Camila Rojas (Comunes), Bernardo Berger (IND), Sara Concha (PCC), Natalia Romero (IND), Helia Molina (PPD), Héctor Barría (DC), Daniela Serrano (PC) y Stephan Schubert (IND).
En general, las opiniones fueron favorables a la propuesta legal. La estimaron de justicia para los estudiantes que deben financiar sus estudios en condiciones desventajosas en el mercado financiero. Además, se valoró que es un avance en tanto se define la ley que terminará con el CAE y propondrá un nuevo sistema de financiamiento estatal.
Sin embargo, también hubo críticas. En particular, se sostuvo que el proyecto irrogará gasto fiscal, el cual no está cuantificado, así como tampoco los beneficiarios específicos de, por ejemplo, la eventual condonación de deuda de los créditos en mora.
Justamente, dicha posición fue refrendada con una presentación de reserva de constitucionalidad por parte del diputado Francisco Undurraga (Evópoli).