Proyecto que suspende plazos de caducidad en el Registro Pesquero Artesanal pasó a la Sala
En la comisión del ramo, el subsecretario de Pesca explicó que la iniciativa, de carácter excepcional, responde al comportamiento inusual de la actividad pesquera a consecuencia de la pandemia de Covid.
De manera unánime, la Comisión de Pesca aprobó, en general y en particular, el proyecto que suspende plazos de caducidad en el Registro Pesquero Artesanal (boletín 16024). Esta medida excepcional tiene como fin de mitigar sus consecuencias económicas y sociales en el sector.
El subsecretario del ramo, Julio Salas, indicó que el mensaje del Ejecutivo responde a la anormalidad en el funcionamiento de la actividad pesquera en los últimos tres años producto de la pandemia. Por ello, se busca atenuar los efectos adversos que provocó la interrupción de sus actividades y retomar el normal funcionamiento de las instituciones.
Agregó que la aplicación de la caducidad en el plazo actual, por la envergadura de la sanción, generaría un problema significativo con un alto número de pescadores artesanales afectados.
Lo anterior fue ratificado por María Soledad Tapia, directora del Servicio Nacional de Pesca, a cargo del Registro Pesquero Artesanal. “30 mil pescadores artesanales pueden ser afectados con la caducidad”. En el último tiempo, no se entregó información correcta y ha habido problemas administrativos como en otras instituciones, recalcó.
Así, el proyecto suspende la declaración de caducidad de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal establecido en la Ley de Pesca hasta el 31 de diciembre de 2024, excluyendo causales de infracciones graves y delictivas. Asimismo, fija la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2023 en el caso de no pago de patentes (que considera sólo dos años de evaluación), indicó el subsecretario.
La medida permitirá que en el año 2025 se reúna toda la información sobre las actividades de la pesca artesanal. Por otra parte, contribuirá a restablecer el procedimiento de verificación de los requisitos determinados por ley.
La iniciativa será informada en la Sala por el diputado Leonidas Romero (IND).
Fiscalización
María Soledad Tapia también expuso, a solicitud de las y los diputado, sobre las acciones de fiscalización que realiza el servicio.
Indicó que las entidades fiscalizadoras son Carabineros, la Armada y Sernapesca. Esta última entidad cuenta con más de 1.100 funcionarios que velan por la sustentabilidad y protección de los recursos hidrobiológicos.
Entre las actividades detalló la fiscalización, control de la pesca y desembarques, tomando en cuenta el aumento en las certificaciones presenciales que, en 2022, alcanzaron a 10 mil. Junto a ello, se combate a la pesca ilegal de alga parda en la macrozona norte, merluza común en la zona central y merluza del sur.
Respecto a la certificación de desembarques pesqueros, dijo que se realizaron más de 21 mil acreditaciones. Tapia adelantó que se plantea introducir la inteligencia artificial para aumentar los volúmenes de revisión, de 200 kilos en una hora a 4 toneladas. Para esto se requerirá de inversión en tecnologías de la información.
Sobre el descarte, señaló que existe monitoreo, control y vigilancia satelital de la flota industrial, con revisión de 400 naves al día.
La directora enfatizó que el aspecto jurídico es relevante, con 1.249 citaciones a la pesca comercial en 2022, respecto a la acreditación de origen, veda y acceso. En cuanto a fallos ejecutoriados, entre 2020 y 2023, por valor de condena, superan los 926 millones de pesos.
A su vez, sobre la pesca ilegal, dijo que también está asociada al crimen organizado con factores facilitadores que la permiten, como la debilidad institucional, entre otros. En tal sentido, dijo que debe existir más eficacia en la coordinación con los comités regionales de crimen organizado. De igual modo, obtener tecnología más eficiente, aumentar el personal y los vehículos de fiscalización, para lo que se requiere un aumento presupuestario.
Reacciones
Los parlamentarios Leonidas Romero (IND), Bernardo Berger (IND), Miguel Ángel Calisto (IND) y Eric Aedo (DC) manifestaron su preocupación por conocer información fidedigna sobre si la pesca ilegal ha aumentado o disminuido. En especial, lo que ocurre en el Maule. Además, se planteó que exista la posibilidad de fiscalizar con una embarcación de Sernapesca en Aysén, cuya costa se encuentra desprotegida.
Además, la presidenta de la instancia, Daniella Cicardini (PS), propuso invitar al subsecretario del Interior, a los gobernadores regionales y al ministro de Hacienda, para profundizar el tema de la protección del borde costero y la relación de éste con del crimen organizado.