Cámara despachó proyecto que sanciona la tenencia de celulares en las cárceles
La propuesta se impulsa en función del gran número de delitos, como estafas telefónicas o extorsiones, que se realizan desde las cárceles. Además, los aparatos y las mismas comunicaciones se constituyen en mercancías para el desarrollo de comercio ilícito dentro del penal.
Más herramientas para evitar las estafas telefónicas o extorsiones que se originan en las cárceles. Ese es el objetivo del proyecto (boletín 15796) que aprobó la Cámara y remitió al Senado con modificaciones y que, en lo medular, tipifica el delito de tenencia de celulares u otros elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.
Cabe señalar que, en noviembre de 2022, se publicó la Ley 21.494. Ella tipificó como delito el ingreso, por parte de cualquier persona, de elementos prohibidos que permitan a los reos comunicarse con el exterior.
La iniciativa que la Cámara aprobó hoy complementa dicha norma, estableciendo penas a quienes tengan en su poder celulares o elementos que permita a los reclusos tener contacto con el exterior de los recintos penales.
Sanciones
El proyecto establece una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años y un día). Ello, para quien, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tenga en su poder celulares, parte de ellos, chips o aparatos de telecomunicación.
También se castigará al funcionario público que, conociendo esta tenencia no autorizada, no la denuncie a la autoridad del establecimiento penitenciario. La sanción será de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 540 días). Asimismo, se le aplicará una suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio.
Debate
Informó sobre este proyecto que sanciona la tenencia de celulares en las cárceles el diputado Miguel Ángel Calisto (Ind).
En el debate intervinieron Marta Bravo (UDI), Diego Schalper (RN), Daniel Lilayu (UDI), Andrés Longton (RN), Felipe Donoso (UDI), Miguel Ángel Becker (RN), Miguel Mellado (RN), Hotuiti Teao (Evopoli), Agustín Romero (PREP), Fernando Bórquez (Ind), Joanna Pérez (Ind), Sergio Bobadilla (UDI), Marcos Ilabaca (PS), Natalia Romero (Ind), Cristián Araya (PREP), Jaime Araya (Ind), Cristhian Moreira (UDI), Gonzalo De la Carrera (UDI) y Gaspar Rivas (PDG).
También participaron Alejandro Bernales (PL), Henry Leal (UDI), Felipe Camaño (Ind), Johannes Kaiser (Ind), Gustavo Benavente (UDI), Sebastián Videla (Ind), Lorena Pizarro (PC), Sara Concha (PSC), Marcela Riquelme (Ind) y Luis Sánchez (PREP).
En la discusión, se enfatizó en la necesidad de cortar los lazos de comunicación de las cárceles con el exterior. La idea es frenar las actividades de bandas intrapenitenciarias. Asimismo, se valoró que el proyecto establezca penas de cárcel, lo que permite inhibir la comisión de estos delitos.