Despachan a Sala permiso laboral para dirigentes de APR ante emergencias
La iniciativa permite a las y los dirigentes de dichos comités o cooperativas de agua potable rural, a ausentarse de sus trabajos para acudir a atender emergencias que amenacen la entrega del servicio.
La comisión de Recursos Hídricos y Desertificación aprobó y despachó a Sala el proyecto de ley que establece un permiso laboral para que las y los dirigentes de los Servicios de Agua Potable Rural (APR) puedan asistir a las emergencias que puedan producirse en la operación y gestión del servicio (boletín 16.299).
En concreto, la propuesta establece que las y los dirigentes que desempeñen algún cargo en la directiva de un comité o cooperativa de Servicios de Agua Potable Rural estarán facultados para ausentarse de sus trabajos y acudir a resolver las emergencias que amenacen con poner en riesgo la continuidad operativa o seguridad del servicio sanitario. El tiempo destinado a atender estos eventos será considerado como trabajado para todos los efectos legales.
Las emergencias consideradas para estos fines pueden ser fallas de infraestructura, amenaza a la salud pública y eventos climáticos externos. Además, incendios, fallas o cortes del suministro, a raíz de un desastre natural, u otras circunstancias que exijan una respuesta inmediata para salvaguardar los diferentes servicios.
Asimismo, el dirigente tendrá un plazo de 48 horas para avisar a su empleador la asistencia a actividades citadas por la autoridad. Estas pueden incluir procesos de capacitación, congresos formativos, comisiones parlamentarias o acudir a citaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas.
Las y los dirigentes deberán dar aviso a la Inspección del Trabajo sobre su calidad de tal en un comité o cooperativa de APR.
Agua Potable Rural (APR)
La iniciativa recuerda que las APR surgen en 1964, en paralelo al plan básico de saneamiento rural. Este tuvo como prioridad alcanzar, a lo menos, el 50% de la población rural. De esta forma, los sistemas de Agua Potable Rural (APR) trabajan para abastecer de agua potable a las comunidades, en compañía de los actores locales y dirigenciales.
La administración y mantención de los APR la realiza la propia comunidad, organizada en comités o cooperativas. Y, para su funcionamiento, se cobra una tarifa por los consumos de agua potable, garantizándose la sustentabilidad del servicio.
De acuerdo a la información publicada por la Dirección de Obras Hidráulicas, en el año 2019 existían cerca de 1.897 sistemas de agua potable rural, a lo largo del país. Estos abastecen al 99% de la población de zonas rurales (alrededor de 1 millón 740 mil personas).