Ley integral de violencia de género es despachada del Congreso
La Cámara respaldó las modificaciones del Senado a esta normativa, cuyo objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género.
La Cámara respaldó y despachó del Congreso el proyecto de ley integral de protección contra la violencia de género (boletín 11077). El objetivo de la norma es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género.
Para ello, la norma regula los mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Ello, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse.
El texto entrega una definición de la violencia de género. Esta se entenderá como cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.
Pero, además, esta ley integral también reconoce como violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras.
Asimismo, se enumeran distintos tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, en el trabajo y gineco-obstétrica. Este listado no es excluyente, por lo que puede haber otros tipos de violencia.
Apoyo institucional a la ley integral de violencia de género
La ley integral establece un rol primordial del Estado para adoptar las medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.
En ese sentido, se precisa que, ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger, atender y reparar a las víctimas. Especialmente, deberá atender las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse.
Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estará a cargo de la coordinación, coherencia y consistencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.
Los órganos del Estado, en todas sus actuaciones, deberán promover el enfoque de género y derechos humanos y la igualdad de derechos. También, fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria.
Atención a las víctimas
Entre otras disposiciones, la nueva ley integral establece que los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género.
En ello, deberán considerar objetivos como otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental; informarles sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles; registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones, entre los órganos del Estado y con organizaciones externas, que se ejecuten en un caso de violencia de género.
Adicionalmente, los entes públicos deberán asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos; adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas; asegurar el acceso a la justicia de las víctimas; y proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
Urgencia de esta ley integral
En el debate participaron Carolina Tello (PC), María Francisca Bello (PCS), Viviana Delgado (IND), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Carolina Marzán (PPD), Erika Olivera (DEM), Alejandra Placencia (PC), Johannes Kaiser (IND), Emilia Schneider (PCS), Daniella Cicardini (PS), Marta González (IND), Gaspar Rivas (PDG), Francesca Muñoz (PSC), Ana María Bravo (PS), Lorena Fries (PCS), Marisela Santibáñez (PC), Flor Weisse (UDI) y Camila Rojas (Comunes).
También, María Candelaria Acevedo (PC), Chiara Barchiesi (PREP), Javiera Morales (PCS), Karol Cariola (PC), José Carlos Meza (PREP), Claudia Mix (Comunes), Lorena Pizarro (PC), Joanna Pérez (DEM), Marcela Riquelme (IND), Jaime Araya (IND), Nathalie Castillo (PC), Agustín Romero (PREP), Mercedes Bulnes (IND), Vlado Mirosevic (PL), Gael Yeomans (PCS), Ericka Ñanco (RD) y Daniela Serrano (PC).
Avance importante
En general, las opiniones de las parlamentarias que expusieron fueron en línea de remarcar la necesidad de contar con esta ley integral. “Años de lucha para lograr avanzar, paso a paso, en un anhelo que es un piso mínimo en un mundo civilizado: el derecho a una vida sin violencia”, remarcó la diputada Tello.
Al mismo tiempo, se lamentó la demora en su tramitación. “Han pasado más de 7 años desde que se inició su debate…y hoy tenemos estadísticas alarmantes: 309 femicidios desde que se inició… Son mujeres que ya no están con nosotros”, recalcó la diputada Marzán. “Es un proyecto que salva vidas de personas… Una de cada cuatro mujeres chilenas sufrió VIF,” acotó la vicepresidenta de la Cámara, Daniella Cicardini.
Se sostuvo que esta ley integral permitirá avanzar en prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Entre los puntos destacados se mencionó el fortalecimiento de las medidas cautelares y la ampliación de los delitos de género; así como la incorporación de hijos/as como víctimas de la violencia que sufran sus madres o cuidadoras. También, la creación de un sistema integrado de gestión y seguimiento de casos. Igualmente, respecto de la obligación del Estado de velar por la seguridad de las víctimas en todo el proceso; y la garantía de representación judicial.
De igual modo, se observó la necesidad de seguir dando pasos en esta línea. “Tenemos mucho por avanzar; el femicidio, año a año, cobra víctimas… Hay que atacar la violencia económica y doméstica, el acoso laboral… Aún hay muchas mujeres que temen denunciar por ser revictimizadas”, alertó Érika Olivera.
Otras visiones
En la discusión también hubo opiniones que, si bien dijeron apoyar el fondo de la propuesta, es decir, combatir la violencia contra la mujer, expresaron matices con algunas de las normas contenidas en esta ley integral. “Me preocupa que quede en palabras y no tenga una aplicación real… Tengo temor que sea un proyecto que fortalezca una ideología de género”, planteó Flor Weisse.
Una visión similar expuso la diputada Muñoz, quien valoró el esfuerzo y trabajo por erradicar la violencia. Pero, al mismo tiempo, criticó algunas normas que, estimó, imponen visiones ideológicas, como promover la educación no sexista. “Se debe respetar el derecho de todas las mujeres, incluyendo a las que defendemos la vida del que está por nacer”, acotó. En este contexto anunció reserva de constitucionalidad.
Desde la bancada republicana se gestaron variadas críticas. Así, por ejemplo, Cristóbal Urruticoechea afirmó que la iniciativa se basa en la filosofía de la sospecha e inserta la violencia en el ADN masculino. ”El feminismo no es favor de la mujer, es en contra del hombre”, enfatizó.
Ejecutivo
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aclaró varias de las dudas planteadas, particularmente, por legisladores/as de derecha. Sostuvo que la propuesta ya tuvo un amplio debate, donde cinco de los siete años de análisis se focalizaron en el Senado.
Recalcó que la iniciativa incluye diversas visiones, recordando que varias de sus normas fueron introducidas durante el gobierno anterior. De hecho, aclaró que durante todo el trámite se constataron más de 400 indicaciones.
Agregó que la visión transversal se consagró en la votación final del proyecto en el Senado, donde se rechazaron aspectos que eran relevantes para la actual administración, pero que, con la idea de no entrabar la pronta de aplicación de esta ley, optó por no insistir, así como tampoco legisladores/as del sector. Entre dichas materias estarían, por ejemplo, la perspectiva de género en la formación docente, junto con las dimensiones emocional, afectiva y sexual.
Destacó que fue la Corte Suprema la que valoró diversos artículos de esta ley integral. Entre los temas valorados por el máximo tribunal estarían la vigilancia de las medidas cautelares y el fortalecer la posibilidad de representación jurídica en caso de femicidio frustrado.
Por último, llamó a aprobar el proyecto para hacer realidad esos y otros aspectos, como el nuevo sistema de gestión para atención de las víctimas, anclado en los municipios.