Cámara aprueba creación de 14 tribunales de ejecución de penas
El texto modifica el Código Procesal Penal (CPP), en materia de aplicación de penas privativas de libertad y fija un nuevo procedimiento especializado para la resolución de solicitudes y revocación de beneficios como la libertad condicional.
Por la unanimidad de 133 votos, la Sala aprobó y despachó al Senado la creación de un nuevo procedimiento y tribunales especializados para la ejecución de sanciones penales.
La iniciativa es una moción del diputado Marcos Ilabaca (PS), junto a Carmen Hertz (PC), Jorge Alessandri (UDI), Raúl Leiva (PS) y Diego Schalper (RN), además de los ex diputados Renato Garín y Matías Walker (boletín 12213).
El texto modifica el Código Procesal Penal (CPP), en la etapa de ejecución de sanciones penales, en materias que incluyen la aplicación de penas privativas de libertad y de medidas cautelares o de apremio mediante las cuales se prive de libertad a una persona en un establecimiento penitenciario.
Para ello, el proyecto define la actividad penitenciaria y sus fines, así como los derechos de los internos y el resguardo del personal. Pero, en particular, contempla un procedimiento especial para la solicitud o revocación de beneficios, como la libertad condicional, donde se escuchará la opinión de las víctimas.
Actualmente, cerca de 54 mil personas están privadas de libertad y unas 145 mil están sujetos a control, lo que hace tan relevante contar con estos tribunales especializados.
La norma establece una implementación gradual en los 14 territorios y 29 comunas incluidas, y contempla un presupuesto en régimen (a partir del quinto año) de $6.600 millones de pesos.
Tribunales de Ejecución
A través de esta iniciativa, se crean 14 tribunales de ejecución de penas y medidas de seguridad en las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, San Miguel, Colina y Santiago. Estos contarán con 22 magistrados y 108 funcionarios, a los que se suman otros nuevos cinco jueces de garantía.
Asimismo, se incorporan 36 salas preferentes en los juzgados de garantía en otras comunas que cuenten con establecimientos penitenciarios del sistema cerrado dentro de su jurisdicción.
Adicionalmente, habrá una asignación de jornadas, días o salas, con dedicación exclusiva para todos los demás juzgados de garantía. El texto señala que se deberá priorizar la asignación de estas jornadas al conocimiento de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Según las cifras estimadas por el Ejecutivo, con esta distribución, un 80% del total de las personas sujetas a la atención o custodia de Gendarmería de Chile se encontrarían cubiertas por tribunales de ejecución. Además, un 19% serían atendidos en salas preferentes y sólo un 1% en la modalidad de asignación de salas.
Los diputados socialistas, Marcos Ilabaca y Jaime Naranjo, respectivamente, entregaron a la Sala los informes de las comisiones de Constitución y Hacienda.
Debate parlamentario
Las y los diputados que intervinieron en el debate destacaron el apoyo transversal a este proyecto, así como el respaldo que el actual gobierno entregó a través de la asignación de recursos para instalar los nuevos tribunales.
Asimismo, relevaron que contar con un procedimiento especializado en materia de ejecución de penas era una tarea pendiente para completar el sistema procesal penal chileno y, especialmente, porque el derecho penitenciario ha estado relegado a un segundo plano.
También manifestaron que este proyecto va en la línea de otorgar mayor seguridad a la ciudadanía, al establecer que las víctimas deban ser escuchadas en el procedimiento para la concesión de beneficios como la libertad condicional.
En el debate, algunos legisladores recordaron el asesinato de la menor Ámbar Cornejo, en Villa Alemana en 2020, por parte de la pareja de su madre, el cual había logrado la libertad condicional solo meses antes, hecho que puso en tela de juicio el actual sistema para aprobar este tipo de medidas.
Expusieron la diputada Mercedes Bulnes (Ind), los diputados socialistas Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Leonardo Soto y Nelson Venegas, además de los diputados Andrés Longton (RN) y Luis Sánchez (Prep).
Finalmente, desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, precisó que “han pasado 24 años desde la modernización del sistema de justicia penal” y sostuvo que desde el inicio de esa reforma hubo consenso que estaba incompleta y que el siguiente paso era la ejecución de penas.
Planteó que en estos años el Congreso Nacional ha buscado corregir estas deficiencias mas bien regulando los beneficios. Sin embargo, siempre se admitió que esto era solo una parte y lo sustantivo dependía de la ejecución de penas. En ese contexto, destacó el compromiso de los parlamentarios en avanzar en esta línea.