Prohibirán inhibidores de señales de telecomunicaciones
El objeto del proyecto es prohibir y sancionar la comercialización, tenencia y uso de estos dispositivos que interfieren señales de comunicaciones. La Sala de la Cámara respaldó lo propuesto por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en orden a elevar las penas de presidio y multas por su utilización.
Con 115 votos a favor y 12 abstenciones, la Cámara aprobó la iniciativa (boletín 16598) que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de inhibidores de señal de telecomunicaciones. La idea es impedir el uso de instrumentos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal de telecomunicaciones.
Solo quedan exceptuados de utilizar estos inhibidores de señal las policías, las FF.AA., Gendarmería de Chile, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Además, la Presidencia de la República, y las carteras del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.
La normativa -de origen en Mensaje del Ejecutivo- que pasa al Senado, dificulta el uso de la tecnología en la comisión de delitos, por parte de bandas de crimen organizado en nuestro país. Lo anterior principalmente en delitos al transporte de carga, ya sea para robar la mercadería o el vehículo, lo que afecta la seguridad de los conductores.
Dichos inhibidores de señal o “jammer” se usan con el fin de interferir una señal telefónica, WIFI, GPS y botones de pánico, entre otros. Ello mediante la emisión de ondas de radio, ya sea, para bloquear o emitir señales falsas que interfieren las legítimas.
La iniciativa modifica la Ley General de Telecomunicaciones, que ya sanciona su uso malicioso. Establece ahora un nuevo tipo penal referido a su tenencia y una figura agravada por utilizar estos dispositivos, para bloquear señales de transporte, telecomunicaciones o de las policías.
Detalle de sanciones
La propuesta legal sanciona con penas de 541 a 3 años (presidio menor en su grado medio) al que fabrique, comercialice, utilice, tenga o porte uno o más inhibidores de señal. Por otra parte, se aplicará una multa de 50 a 100 UTM y el comiso de los equipos.
Además, fija una pena más severa de 5 años y un día a 10 años (presidio mayor en su grado mínimo) y multa de 100 a 5 mil UTM, para quienes interrumpan señales de naves, aeronaves o torres de control de tráfico aéreo. Lo propio en el caso de redes o servicios de telecomunicaciones de servicios esenciales o de especial relevancia para el orden y seguridad pública, la defensa nacional o el sistema de inteligencia del Estado.
En cuanto a la importación y exportación, la pena corresponderá al delito de contrabando presente en la Ordenanza de Aduanas. En caso de que el valor de los dispositivos no excediere las 20 UTM, se aplicará la pena de 541 días a 3 años (presidio menor en su grado medio), y multa de dos a cinco veces el valor de la mercancía objeto del ilícito.
Asimismo, exime de la sanción para la tenencia o porte de dispositivos electrónicos que inhiban cualquier tipo de señal de telecomunicaciones, a quien entregue dichos elementos voluntariamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en un plazo de 120 días desde publicada la presente ley. Ello, siempre que no se haya formalizado una investigación penal en su contra.
Debate
Luego del informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a cargo del diputado Jaime Sáez (RD), se inició el debate parlamentario sobre el uso de estos inhibidores. Participaron en la discusión las y los diputados Johannes Kaiser (IND), Hotuiti Teao (IND), Ximena Ossandón (RN), Fernando Bórquez (UDI), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (RD), Jaime Mulet (FRVS), Raúl Leiva (PS), Henry Leal (UDI), Tomás De Rementería (IND), Francisco Pulgar (IND), Sara Concha (PSC), Sebastián Videla (IND), Juan Irarrázaval (PREP), Cosme Mellado (PR) y Stephan Schubert (IND).
En su mayoría, las y los legisladores en forma transversal respaldaron la iniciativa en orden a que no se interfieran las telecomunicaciones ni se genere inseguridad ciudadana en asaltos, robos y secuestros. Recordaron que la normativa ha tenido éxito en países como México, Australia, Canadá, Italia y Reino Unido, entre otros.
Sin embargo, hubo críticas de algunas/os representantes de la oposición por lo excesivo de las penas. Igualmente, el diputado Kaiser dijo que se puede afectar a los “privados”, por ejemplo, a empresas que ocupan dicha tecnología para generar una “burbuja electrónica” con el objeto de evitar el espionaje industrial. En esa línea, legisladores de la bancada republicana demandaron el compromiso de la cartera de Telecomunicaciones de incluir una indicación que permita la fabricación de estos dispositivos en Chile, para que estos puedan ser utilizados por las entidades autorizadas.