La moción, presentada por diputados de la Nueva Mayoría, reemplaza la pena por presidio militar perpetuo calificado.
Buscando consagrar el precepto constitucional de derecho a la vida, un grupo de diputados de la Nueva Mayoría, encabezados por el diputado Hugo Gutiérrez (PC), presentó un proyecto (boletín 9590) que modifica el Código de Justicia Militar para derogar la pena de muerte.
La moción, destinada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio, fue ingresada a trámite legislativo por el diputado Gutiérrez el pasado 11 de septiembre junto a sus compañeros de partido Lautaro Carmona, Karol Cariola, Daniel Núñez, Camila Vallejo y Guillermo Teillier y a los diputados IC Sergio Aguiló; PPD Tucapel Jiménez y Felipe Letelier; y DC Patricio Vallespín.
Los legisladores recordaron que, en nuestro país, se encuentra plenamente vigente el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el que prohíbe la aplicación de la pena de muerte. "La intención de dicho texto internacional fue y es abolir plenamente la pena de muerte de los cuerpos normativos de los estados miembros de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas", recordaron.
Indicaron que, en el ámbito continental, nos rige el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1990 y plenamente vigente en Chile.
Según especificaron, el Protocolo reconoce que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más efectiva del derecho a la vida y busca que los estados miembros de la OEA vayan consolidando la práctica de la no aplicación de la pena de muerte dentro del continente americano.
"No obstante haber ratificados esos dos protocolos, Chile se guardó el derecho a adherir a ellos con la reserva de preservar la pena de muerte en tiempos de guerra. Así es como la normativa del Código de Justicia Militar, en cuanto a la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra, continua vigente en nuestro país", precisaron los autores.
Lamentaron que, en nuestra historia reciente, la figura legal de la pena de muerte en tiempo de guerra se aplicó en contra de civiles y opositores a la dictadura militar en numerosas ocasiones, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, según consta en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
"Lo anterior comprueba que la vigencia de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, en tiempo de guerra, va en contra de la aspiración de asegurar en el continente una protección más efectiva del derecho a la vida", sentenciaron.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS