El proyecto será enviado ahora al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional.
Por 102 votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto (boletín 9405) que crea las Universidades Estatales de la Región del Libertador General Bernardo O`Higgins y de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
El objetivo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, es constituir una red colaborativa en el ámbito de la educación superior. En esa línea, se crean las dos citadas casas de estudio como personas de derecho público autónomas, con carácter y arraigo regional, definiendo sus principales objetivos y principios orientadores, asegurando que la norma fundamental de las nuevas universidades se construya y acuerde en un proceso de participación con organizaciones y actores con trayectorias reconocidas en la región y en el país.
Según se indica en la normativa, ambas universidades "son instituciones de educación superior estatal, de carácter regional, que asumen con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de la VI y XI Región, respectivamente, como parte fundamental de su misión institucional".
La normativa precisa que las universidades cumplirán su labor a través de la realización de funciones de docencia, investigación, creación y vinculación con el medio propias del quehacer universitario, en las áreas del conocimiento y dominios de la cultura que sus orientaciones estratégicas definan. Asimismo, podrá dedicarse al desarrollo y la formación en las disciplinas técnicas y a la capacitación.
Serán principios que orienten el quehacer de estas casas de estudio la libertad de pensamiento y de expresión; libertad de cátedra y asociación; el pluralismo; la participación de sus miembros en la vida institucional; la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; la excelencia académica; la equidad y la valoración del mérito como criterios de ingreso, promoción y egreso a la universidad; y la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social.
Con el objeto de apoyar la instalación y la puesta en marcha de las nuevas universidades, el fisco aportará a ellas, a contar del momento en que se apruebe este proyecto de ley, recursos para el arrendamiento y gastos de operación necesarios para que los rectores nombrados puedan dar, junto al equipo que lo asesorará, inicio a las actividades de conformación de las nuevas entidades de educación superior. Estos recursos serán entregados a partir del mes en que ocurran dichos nombramientos y se estima que representarán un gasto fiscal mensual del orden de $65 millones por cada universidad.
En el futuro, en la Ley de Presupuestos correspondiente a los tres primeros años de actividad, se incluirán los recursos necesarios para la compra o construcción, y equipamiento de las dependencias de cada una de las universidades. Se estima que ello representará un gasto fiscal del orden de $7.000 millones en tres años para cada una. Mediante decreto supremo se establecerá la participación en el Aporte Fiscal Directo del artículo 2° del DFL (Ed.) N° 4, de 1981, de cada una de estas nuevas universidades a contar del año de inicio de su actividad académica.
La propuesta legal, además, avanza en una serie de procedimientos de administración y ordenamiento internos; definición de patrimonio particular; tratamiento del personal; y plazos.
Una vez que se transforme en ley este proyecto, la Presidenta de la República tendrá 30 días para nombrar a los rectores y un año para dictar los estatutos que regulen ambas instituciones, a propuesta del rector respectivo. En esta propuesta se incluirá la fecha en que ambos planteles empezarán a funcionar.
Reacciones
El presidente de la Comisión de Educación, diputado Mario Venegas, calificó como “una señal muy potente para quienes creemos en la idea de fortalecer la educación pública”, la creación de estas dos universidades estatales, además en dos regiones que tenían la característica de no tener universidades de esta naturaleza.
Venegas defendió la decisión de la Comisión de Educación de aprobar que sean las instituciones y autoridades de las regiones involucradas, las que definan la comuna donde se instalarán ambos planteles y no que esto se establezca en la ley, como se planteó originalmente.
“Soy de los que cree que la discusión respecto de las características, alcances, objetivos, tal como está contenido en el proyecto, es una discusión que tiene que hacerse al interior de la región. Creo que son precisamente las organizaciones representativas de las regiones, las que están en mejores condiciones de resolver respecto de la pertinencia y relevancia que debe tener esta universidad; dónde se instala, cuáles serán sus carreras, etc”, dijo el parlamentario.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS