CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

El proyecto que busca eliminar la facultad para eliminar archivos de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Defensa, en lugar de remitirlos al Archivo Nacional, se presenta para la tabla de mañana, martes 6 de octubre, de la Sala de la Cámara de Diputados, contando para su análisis con el informe positivo de la Comisión de Derechos Humanos, el que será rendido por el diputado Tucapel Jiménez (PPD).

La propuesta legal (boletín 9958) modifica el DFL 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación, suprimiendo una norma incorporada en 1989 por el Gobierno Militar, conforme a la cual la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de los demás organismos dependientes de esa cartera o que se relacione con el Ejecutivo por su intermedio, se archivará y eliminará conforme a la reglamentación ministerial e institucional respectiva.

La propuesta que será debatida mañana, elimina esa facultad, aplicando de ese modo la norma general que estipula que toda documentación debe ser remitida tras 5 años al Archivo Nacional. Asimismo, especifica que la documentación que no haya sido eliminada de la cartera ya citada, así como aquella perteneciente a sus organismos dependientes, deberá ser remitida inmediatamente a dicho archivo.

Según se plantea en la moción que dio origen a este proyecto, “es necesario adecuar el ordenamiento jurídico chileno a los estándares de publicidad y transparencia consagrados en la Constitución Política de Chile y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, ordenando la derogación del carácter de reservado o secreto de diferentes normas dictadas por la dictadura militar entre los años 1973 y 1990”.

Además, se sostiene que es perfectamente atendible el cuestionamiento que puede suscitar una norma de esta naturaleza en nuestro actual régimen democrático, pues esta permitió la eliminación de documentación y archivos militares que pudieron haber sido no sólo útiles, sino que indispensables para realizar y/o concretar investigaciones judiciales respecto de las violaciones de los derechos humanos por parte de militares y civiles en dictadura.

Vivienda

La Sala también contempla en su tabla el proyecto (boletín 10203) que modifica el DL 2.833 con el objeto de facilitar el alzamiento de prohibiciones de gravar, enajenar y celebrar actos y contratos en viviendas financiadas mediante subsidio habitacional. La propuesta, en segundo trámite constitucional, contempla informe de la Comisión de Vivienda, el que será entregado a la Sala por el diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD).

En concreto, la propuesta indica que las prohibiciones de gravar, enajenar y celebrar acto o contrato alguno que importe cesión de uso y goce de la vivienda, sea a título gratuito u oneroso, sin previa autorización del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo, que se hubiesen establecido en razón de haberse adquirido o construido una vivienda con aplicación de un subsidio habitacional, haya sido transferida directamente por el SERVIU o un tercero, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley una vez transcurrido el plazo por el cual se hubiesen constituido, debiendo efectuarse las cancelaciones y anotaciones correspondientes y otorgarse los certificados que acrediten dicha circunstancia, de oficio o a requerimiento de cualquier persona.

Según se explica en el citado informe, una vez transcurrido el plazo de la prohibición, el propietario debe efectuar los siguientes trámites para alzarla:
1.- Ir al Conservador de Bienes Raíces y pedir un Certificado de Hipotecas y Gravámenes que acredita que la prohibición está vigente.
2.- Concurrir al Serviu respectivo con el certificado y solicitar el alzamiento de la prohibición.
3.- El Serviu redacta el borrador de la escritura y lo envía a la Notaría (el propietario paga y retira el documento desde dicha entidad).
4.- El propietario concurre con la escritura al Conservador y solicita el alzamiento.
5.- El Conservador cancela la inscripción y da un nuevo certificado que acredita que la vivienda no tiene prohibición.

Se explicitó que, todos estos trámites irrogan para los interesados un costo que esta iniciativa pretende reducir significativamente. En efecto, los Serviu informan grandes diferencias en los cobros realizados por las Notarías y Conservadores, con sumas que fluctúan entre $9.000 y $37.000, aunque hay algunos que no cobran. Asimismo, el plazo de tramitación también varía en las distintas regiones y comunas, sin que se haya podido llegar hasta ahora a un término razonable.

Cabe mencionar que la tabla contempla también el tratamiento de otros cuatro proyectos relativos a acuerdos internacionales, a saber:

1. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre Chile y Barbados.
2. Acuerdo entre Chile y Croacia relativo al Ejercicio de Actividades Remuneradas por parte de Familiares de Miembros de Misiones Diplomáticas o Representaciones Consulares.
3. Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados entre Chile y Colombia.
4. Acuerdo que aprueba la Modificación con respecto al Artículo XII (c) (ii) del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite.

Todas estas propuestas legales cuentan con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, que serán rendidos por los diputados José Manuel Edwards (RN), Vlado Mirosevic (PL), Carlos Abel Jarpa (PRSD) y Andrea Molina (UDI).