La iniciativa busca facilitar la comunicación y coordinación entre las instancias estudiantiles y administrativas tendientes a mejorar cada día las políticas públicas vinculadas a la inclusión y no discriminación.
Teniendo en cuenta que una metodología aplicable en esta materia la constituye el trabajo mancomunado de los actores relevantes en el proceso educativo, un grupo de diputados UDI, encabezado por Claudia Nogueira, presentó un proyecto (boletín 10327) que modifica la Ley General de Educación, para obligar a los establecimientos educacionales a informar al Ministerio de Educación el porcentaje de alumnos afectados por trastornos conductuales.
La moción, derivada a la Comisión de Educación para su estudio, fue presentada por la diputada Nogueira, junto a sus compañeros de partido Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Gustavo Hasbún, María José Hoffmann, José Antonio Kast, Patricio Melero, Celso Morales, Marisol Turres y Felipe Ward.
En el texto, los diputados expresaron que la necesidad de contar con una información certera de parte de los establecimientos educacionales a la instancia administrativa conlleva contar con datos claros y precisos acerca del número de niños en situación de encontrarse con alguna anomalía cognoscitiva, como es el caso del Síndrome de Déficit Atencional.
Asimismo, insistieron en que tener estos datos anualmente facilitará la acción del organismo gubernamental en orden a promover políticas públicas en la materia suscitando la integración de estos estudiantes.
Aclararon, también, que al analizar los datos entregados por la Superintendencia de Educación Escolar, “vemos con preocupación que son pocas las instancias institucionales destinadas a morigerar el número de actos de discriminación en los establecimientos de educación, razón por la cual una normativa que otorgue mejores elementos de juicio por parte de las autoridades competentes ayudará y facilitará la acción estatal ante actos de esta naturaleza”.
Por ello, añadieron que una normativa que promueva el trabajo conjunto entre los colegios y el Mineduc ayudará, año a año, a idear nuevos mecanismos para evitar la discriminación del establecimiento educacional y también de la propia comunidad académica.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS