Dichas medidas apuntan a una legislación especializada en cambio climático, fortalecer la institucionalidad y un fondo especial para desarrollar las propuestas en la materia.
Con 92 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 512, que solicita a la Presidenta de la República contar con una legislación especializada respecto al cambio climático y con políticas públicas que integren instrumentos normativos vinculantes en la materia, con el objeto de fortalecer jurídicamente los planes y estrategias vinculadas a cambio climático de ministerios sectoriales.
En segundo lugar, se plantea fortalecer la institucionalidad para la formulación, implementación y monitoreo de los instrumentos de política pública climática, lo que significa elevar la jerarquía institucional con miras a brindar un carácter transversal, incorporando a los diversos niveles de gobierno, especialmente los locales. "Estos últimos pueden contribuir de manera relevante en la eficacia de las políticas públicas en esta área. En este esquema la toma de decisión se debiera apoyar en la ciencia, en el marco de una relación institucional y no esporádica", especifica el texto.
Por último se pide crear un fondo especial para el cambio climático a través de su incorporación en la ley de Presupuesto del año 2017, con la finalidad de poder contar con recursos específicos que permitan desarrollar las propuestas en esta materia.
La resolución fue presentada por los diputados Andrea Molina (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Daniel Melo (PS), Giorgio Jackson (Ind), Patricio Vallespín (DC), Denise Pascal (PS) y Camila Vallejo (PC).
Los legisladores precisan que Chile no cuenta con una política pública nítida que aborde el cambio climático como un tema de seguridad nacional. Añaden que se requiere de una política pública adecuada que establezca los instrumentos necesarios para legitimar y hacer prácticamente posible los lineamientos que establezca.
"En tal sentido, estamos convencidos que un desafío importante que debemos plantearnos como país es contar con una Ley de cambio climático que establezca un marco jurídico vinculante que permita el desarrollo de acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación, además de una estructura institucional a cargo del tema al más alto nivel político que permitan reducir la vulnerabilidad de las personas y de los sistemas naturales", concluyen.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS