La iniciativa, presentada por legisladores de la UDI, RN, PPD y DC, establece, entre otros puntos, que no será aplicable la rebaja de pena de hasta un grado para los infractores reincidentes.
Buscando aminorar los actuales índices de criminalidad presentes en el país, un grupo de legisladores de la UDI, RN, PPD y DC, encabezado por la diputada Marcela Sabat (RN), presentó una moción (boletín 10560) que endurece algunas de las normas presentes en la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
El proyecto, enviado a estudio a la Comisión de Seguridad Ciudadana, fue ingresado por la diputada Sabat el pasado viernes 4 de marzo junto a su compañero de partido Gonzalo Fuenzalida y a los diputados UDI Juan Antonio Coloma, Claudia Nogueira y Arturo Squella; PPD Daniel Farcas; y DC Gabriel Silber y Matías Walker.
Según informaron, cifras del Ministerio Público dan cuenta de 362.429 delitos entre 2008 y 2014 cometidos por adolescentes, lo que representa el 8% del total de los ilícitos. "Este incremento respondería a que los adolescentes están al tanto de la fragilidad de la ley y se amparan en el régimen especial que dispone la Ley 20.084. Por otra parte, la judicatura entrega una interpretación extremadamente garantista de las disposiciones de dicho texto legal e, incluso, recurren a convenciones internacionales que no están en vigencia en nuestro país para desatender, por ejemplo, la reincidencia", plantearon.
Bajo esta realidad, los diputados estimaron imprescindible reformular la Ley Penal Adolescente, fijando márgenes concretos a la decisión judicial. "La Ley debe, obligatoriamente, tomar en cuenta los ilícitos que cometió un menor con anterioridad y sancionar con especial rigor conductas que tienen un reproche especial del punto de vista punitivo en la legislación sustantiva", acotaron.
En línea con lo expuesto, la moción modificar las normas que permiten a los menores de edad imputables que cometen un delito, rebajar la pena de esta en un grado (lo que en concreto puede llegar a 5 años), solo por ser menores de edad, en el caso de ser reincidentes de delitos de igual o mayor gravedad. Así, se indica que no será aplicable el citado beneficio "a quienes hayan sido condenados previamente por delitos a los que la ley asigne igual o mayor pena”.
Además, se propone que, independiente de las circunstancias de un crimen, tratándose de delitos de homicidio, robo con violencia o intimidación, robo en lugar habitado o violación -entre otros-; el juez solo podrá aplicar la pena de reclusión en régimen cerrado con programa de reinserción social a los menores que los cometan, siempre que sean imputables.
Asimismo, se plantea regular la sanción frente al quebrantamiento de internación en régimen cerrado, para lo cual se propone que se cumpla un tiempo adicional a la condena, idéntico a aquel durante el cual se quebrantó la condena.
Finalmente, se busca fortalecer el principio de separación y, con ello, evitar que mayores de edad lleguen a centros del Servicio Nacional de Menores y convivan con adolescentes en formación, aun alejados de los patrones delictivos de los adultos.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS