CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con nuevos informes de las Comisiones de Educación y de Hacienda y con calificación de urgencia de discusión inmediata (seis días para el trámite que vencen el 12 de julio) se presenta mañana, en la Sala de la Cámara de Diputados, el proyecto (boletín 10368) que define un nuevo sistema de educación pública para el país, conocido como de "desmunicipalización".

En concreto, la iniciativa permite la creación de este nuevo marco institucional que tendrá como objeto central que el Estado provea, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración, una educación pública gratuita y de calidad, laica y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad. Además, dicha instrucción debe considerar las particularidades locales y regionales y garantizar el ejercicio del derecho a la educación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en todo el territorio nacional.

Serán parte relevante de este sistema los Servicios Locales de Educación Pública, instituciones estatales que se crean a partir de esta ley y cuyo número se distribuirá a lo largo de todo el país, considerando para ello, por ejemplo, criterios de densidad de población, cantidad de establecimientos educacionales por administrar y distancias.

También será parte importante de este engranaje el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública, que será la entidad encargada de coordinar los Servicios, velar que estos provean una educación de calidad y proponer la estrategia nacional de educación pública.

El sistema tendrá como marco los siguientes principios: calidad integral; mejora continua de la calidad; cobertura nacional y garantía de acceso; desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades; colaboración y trabajo en red; proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana; pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos y participación de la comunidad; formación ciudadana y valores republicanos; e integración con el entorno y la comunidad.

Los nuevos textos definidos por las Comisiones dicen relación a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el pasado 5 de julio, ocasión en que se aprobó la iniciativa en general, y que tuvieron por objeto remendar, anular o perfeccionar determinados artículos en los cuales hubo discrepancias con los diputados a nivel del primer informe.

La Comisión de Educación se abocó a la tarea de analizar las nuevas propuestas entre el 5 y el 6 de julio, resultando despachado el proyecto desde dicha instancia en este último día. Así, la vara fue tomada por la Comisión de Hacienda que lo vino a aprobar al día siguiente.

En el trámite en ambas Comisiones, el Ejecutivo logró avances importantes, como fue la restitución de la norma por la cual se autoriza la creación de los nuevos Servicios Locales, con la adhesión de uno nuevo en la zona de la Araucanía (con ello se subió de 67 a 68 el número de oficinas), y la facultad para que el Presidente de la República, en un plazo de un año, determine la fecha en que iniciarán sus funciones dichas entidades.

También se aprobó la idea de que los concursos públicos para el ingreso de nuevos profesionales de la educación en dotación de los Servicios Locales incluyan criterios de selección que ponderen, de manera relevante, los mejores niveles de práctica pedagógica y conocimientos disciplinarios; y la facultad para que el Presidente de la República pueda nombrar, transitoria y provisoriamente, al Director de Educación Pública y, si procede, a los primeros Directores Ejecutivos de los Servicios Locales.

Asimismo, se reafirmó la extensión hasta el año 2022 de la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que permite incorporar $450 mil millones al proceso de traspaso; y la inclusión de un compromiso expreso de parte del Ejecutivo de enviar, antes del 31 de enero de 2017, un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación que garantice que ingresen a la dotación de los Servicios Locales mediante mecanismos públicos y transparentes y considerando criterios objetivos de ingreso.

Sin embargo, la Sala tendrá que zanjar una diferencia de criterios entre ambas Comisiones, ya que Hacienda rechazó la autorización de traspaso a los ya citados nuevos Servicios Locales de Educación Pública, de los establecimientos educacionales que se encuentran hoy bajo la tutela de las municipalidades o de las corporaciones municipales. Sobre el punto se entiende como base el texto de Educación (comisión técnica), que aprobó dicha norma, y como una indicación el criterio adoptado por Hacienda.

También hubo diferencias en lo relativo a la dotación de personal de los Servicios y a los bienes afectos a estos, así como respecto a dos normas introducidas por Educación que el Gobierno refutó y consideró inadmisibles, por ser materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo: una referente a una eventual revisión del número de Servicios Locales y de las comunas que comprenda; y otra para definir un compromiso para la Presidenta de ingresar a tramitación legislativa un proyecto de ley que modifique el sistema de financiamiento de subvención del Estado a los establecimientos educacionales que regula la presente ley.

Los informes serán rendidos por los diputados Alberto Robles (PRSD) y Marcelo Schilling (PS), por las Comisiones de Educación y de Hacienda, respectivamente.

Candidaturas independientes

La Sala de la Cámara también contempla en su tabla el proyecto (boletín 10688), en segundo trámite legislativo, que modifica la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de evitar discriminaciones arbitrarias con los candidatos independientes que forman parte de un pacto electoral con un partido político en las elecciones municipales.

La iniciativa, aprobada en forma unánime por la Comisión de Gobierno Interior, tanto en general como en particular, consta de un artículo único que establece que, determinado el número que elige cada integrante del pacto electoral, se repetirá el procedimiento descrito para tal efecto en la ley (artículo 123), para determinar quiénes son los candidatos electos de cada integrante del pacto, considerando también para este efecto como si fueran una lista a cada uno de los integrantes del pacto electoral, ya sea que se trate de partidos, subpactos o candidatos independientes que no hubieran subpactado, según sea el caso.

No obstante lo anterior, agrega la propuesta legal, en el caso de una lista que consista en un pacto electoral suscrito entre un partido político y uno o más independientes, y siempre que en dicho pacto electoral no se incluyan subpactos, los candidatos tendrán igual derecho de preferencia dentro del pacto, proclamándose electos a las más altas mayorías considerando únicamente su votación individual. Asimismo, en el caso de un subpacto que incluya candidatos de uno o más partidos e independientes, los candidatos tendrán igual derecho de preferencia dentro del subpacto, proclamándose electos a las más altas mayorías considerando únicamente su votación individual.

Actualmente, se exige que cuando un independiente adhiera a un pacto electoral, la votación de aquél debe ser considerada individualmente, con lo cual, para resultar elegido, se hace necesario que obtenga más votos que el total de los demás candidatos del partido, lo que imposibilita resultar electo.

El proyecto será informado a la Sala por el diputado Bernardo Berger (RN).