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Cámara aprobó informe que descarta ilegalidades en la enajenación de un predio en Victoria por parte del Ejército

Publicado el 05 de enero del 2017

En su marco de proposiciones, la Comisión que investigó el caso llamó a fortalecer la capacidad fiscalizadora del Ministerio de Bienes Nacionales, para verificar, en tiempo y forma, el cumplimiento del objeto para el cual se destinan los bienes fiscales.

Por 73 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre el cumplimiento del objeto de las destinaciones de inmuebles fiscales efectuadas por el Ministerio de Bienes Nacionales a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y que, en lo principal, descartó la presencia de ilegalidades o vicios en el procedimiento de licitación en la enajenación de un predio en Victoria, en La Araucanía, en 2016, por parte del Ejército.

"La controversia suscitada por esa enajenación en particular dice relación exclusivamente con diferencias en la interpretación administrativa de la ley, por un cambio de criterio por parte de la Contraloría General de la República. Por ende, le compete al órgano contralor pronunciarse sobre el fondo de la cuestión debatida y no le corresponde a la Comisión Investigadora atribuir responsabilidades políticas o administrativas a algún órgano del Estado", concluyó el informe entregado a la Sala por el diputado Joaquín Tuma (PPD).

En su marco de proposiciones, la Comisión llamó a fortalecer la capacidad fiscalizadora del Ministerio de Bienes Nacionales, para verificar, en tiempo y forma, el cumplimiento del objeto para el cual se destinan los bienes fiscales.

El informe remarca en torno a este último punto que, si bien es atendible que por la cantidad de inmuebles fiscales destinados a las FF.AA. y de Orden (alrededor de 5.000), resulte muy difícil ejercer una fiscalización exhaustiva y caso por caso del cumplimiento del objeto para el cual fueron destinados, "es evidente que una fiscalización aleatoria o de tipo 'muestral', como es la que se realiza actualmente, según se expuso en la Comisión, es insuficiente".

Para facilitar la fiscalización del cumplimiento del objetivo al que son destinados los inmuebles fiscales a las instituciones de la defensa nacional y de la seguridad y el orden público, la Comisión estimó conveniente que en el respectivo decreto de destinación se indique de la forma más precisa posible el fin que se asigna a cada inmueble.

Finalmente, respecto al denominado Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), regulado en la ley 18.712, y que está formado por los bienes y recursos que se asignan a los Servicios de Bienestar de las Fuerzas Armadas y de Orden, se llama la atención que, no obstante ser administrado como un patrimonio propio, el ministerio de Bienes Nacionales no tiene injerencia alguna en la declaración de los bienes que integran el PAF.

"Tampoco consta en sus registros la enajenación de tales bienes. En tal virtud, se estima recomendable modificar la citada ley, en términos que las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad deberían informar al mencionado ministerio cada vez que un bien inmueble entregado en destinación ha sido declarado PAF o enajenado, por tratarse de inmuebles fiscales", se plantea en el informe aprobado hoy.

Durante el debate, varios de los integrantes de la Comisión Investigadora resaltaron la necesidad de transparentar las enajenaciones de terrenos realizadas por diversas ramas de las FF.AA. y de Orden y Seguridad, muchas de ellas destinadas a millonarios proyectos inmobiliarios; al tiempo que se pidieron a las autoridades competentes efectuar una mayor fiscalización sobre la materia, de modo de resguardar los intereses fiscales de todos los chilenos.

El mandato de la Comisión se originó en una solicitud presentada por 58 diputadas y diputados que fue aprobada, por unanimidad, en sesión de Sala del 11 de mayo de 2016.

Comisión Investigadora del litio

En la sesión también se dio cuenta del informe de la Comisión Investigadora sobre exploración, procesamiento, explotación, exportación y transporte de litio, el cual fue rendido por el diputado Alberto Robles (PRSD).

Por acuerdo de los Comités, se destinará una hora para el debate de este texto en una próxima sesión y se citará a los ministros de Estado involucrados en el tema. En dicha oportunidad se espera proceder a su votación.