El texto legal, que ahora será visto por el Senado, trata materias relativas a la acreditación de carreras de pedagogías, al proceso de adecuación de la Ley de Inclusión Escolar y contiene, además, modificaciones asociadas al traspaso de establecimientos educacionales a entidades sin fines de lucro para generar neutralidad tributaria.
Con 59 votos a favor, 4 en contra y 35 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto (boletín 11029) que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar.
La iniciativa legal busca facultar a nuevas universidades a impartir carreras de pedagogía; modificar la ley de Inclusión Escolar para ampliar el plazo para acreditar la titularidad sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional; fortalecer el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar; determinar gradualidad en la disminución del financiamiento compartido, y extender el plazo para comunicar la renuncia a la subvención.
Asimismo, se busca establecer reglas tributarias especiales de los aportes o donaciones y de las ventas de los bienes inmuebles, para neutralizar la carga tributaria que deben enfrentar los sostenedores a quienes se les haya transferido tal calidad o que hayan estado organizados como personas jurídicas sin fines de lucro, con ocasión de las diversas operaciones que han de realizar para cumplir con la Ley de Inclusión Escolar.
En la práctica, el texto establece un plazo de tres años para que las universidades acreditadas que no imparten pedagogía y deseen impartirla, logren la acreditación de estas nuevas carreras. Esto, debido a que ley vigente señala que la carrera solo puede impartirse si está acreditada, pero dicha acreditación solo se puede obtener si la carrera se está impartiendo debido a los requisitos de admisión y aplicación de evaluaciones.
Asimismo, permite a las universidades autónomas que no se encontraban acreditadas al momento de la publicación de la Ley 20.903, abrir carreras de pedagogías teniendo tanto la acreditación institucional como la acreditación de la carrera o programa en un plazo de tres años, contados desde el inicio de las actividades académicas respectivas.
Por otro lado, el proyecto de ley realiza modificaciones al proceso de adecuación a la Ley de Inclusión Escolar, facilitando la transformación a sin fines de lucro para colegios particulares subvencionados, sobre todo para aquellos que tienen un mayor copago y una gran cantidad de alumnos.
En dicho caso, la legislación actual contempla un plazo de 3 años para la transformación y el cambio de patrimonio, por lo cual este proyecto ampliaría el proceso a seis años, agregando cuatro más para aquellos colegios que al 30 de junio de 2017 decidan tomar la decisión de ser sin fines de lucro.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS