Los parlamentarios proponen al Gobierno que la nueva reglamentación considere una distribución del 60% de las utilidades para el armador y de un 40% para la tripulación y que, con la misma proporción, se descuenten los gastos operacionales.
Pedir a la Presidenta de la República disponer la dictación de las normas legales y reglamentarias que correspondan para regular el procedimiento de distribución de utilidades entre armadores y tripulantes, popularmente conocido como "contrato a la parte", es el objetivo de la resolución 815 que fuera aprobada por la Cámara de Diputados, el pasado martes 14 de marzo, por 78 votos a favor y 26 abstenciones.
La propuesta, planteada a la Sala por los diputados DC Yasna Provoste, Juan Enrique Morano e Iván Flores, explica que los contratos a la parte apuntan a asociaciones destinadas a la realización de actividades extractivas que considera el aporte de los socios en embarcaciones, materiales, implementos, financiamiento y trabajo, así como el posterior reparto de las utilidades que se generan en la jornada de pesca, en función de la contribución que cada persona realizó y bajo un conjunto específico de reglas.
Para los legisladores, este mecanismo tradicionalmente utilizado en la cultura de la pesca artesanal carece de precisión, lo que permite, en casos excepcionales, el abuso de algunos armadores al descontar en proporción distinta a la debida los gastos generales que la ley autoriza.
En línea con lo anterior, los parlamentarios proponen que la nueva reglamentación considere una distribución del 60% de las utilidades para el armador y de un 40% para la tripulación y que, con la misma proporción, se descuenten los gastos operacionales.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS