La propuesta legal además define el rol de cada entidad que integrará esta nueva institucionalidad, al tiempo que determina sus atribuciones y líneas de acción en el sistema público. Adicionalmente, se considera la forma en que el nuevo ministerio colaborará en materia de consultas indígenas.
La Cámara de Diputados analizará este miércoles el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas (boletín 10687), iniciativa en primer trámite constitucional, que viene con informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda.
La iniciativa, que ingresó a trámite legislativo el 17 de mayo de 2016, crea el citado Ministerio con el objeto de colaborar con el (la) Presidente(a) de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico, social y cultural y procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria contra los pueblos, comunidades y personas indígenas.
La propuesta establece el deber del ministerio de colaborar y prestar asesoría técnica a los demás organismos de la administración del Estado en la implementación y ejecución de los procesos de consulta previa indígena, los cuales serán financiados con cargo a los presupuestos vigentes de los servicios que correspondan.
Nueva estructura curricular
En segundo término, se encuentra en tabla el proyecto que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en la ley N° 20.370 (boletín 11132), que viene con modificaciones del Senado.
La propuesta legal tiene por objeto facilitar una correcta implementación de la nueva estructura curricular que divide el período de aprendizaje en 6 años de educación básica y 6 años de enseñanza media, la que estaba proyectada para comenzar a funcionar en marzo del 2018, lo que no será posible.
Entre otras modificaciones, el Senado introdujo una norma que dispone que las bases curriculares para la educación parvularia, básica y media, que corresponderá dictar al Presidente de la República, tendrán una vigencia mínima de 6 años, debiendo sus modificaciones y actualizaciones posteriores incorporar, a lo menos, procesos de diagnóstico, consulta, evaluación y retroalimentación.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS