Solicitar al Gobierno que establezca medidas tendientes a separar a todos quienes ejercen cargos políticos y funciones públicas en nuestro país, de las actividades ilícitas del narcotráfico y su poder de corrupción, protegiendo los intereses públicos de los riesgos que generan, es el tenor de una resolución dirigida al Ejecutivo.
El texto parlamentario pide, en concreto, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, hacer efectivos los compromisos suscritos por Chile en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, principalmente, la inclusión en el sector público de procedimientos adecuados de selección, formación y rotación de los titulares de los cargos susceptibles de corrupción.
Asimismo, se llama a promover formación y capacitación especializada, que permita cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de las funciones públicas, para hacer frente a la narco-corrupción; tomar nota de iniciativas de organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, como el código internacional de conducta para titulares de cargos públicos; establecer medidas y sistemas que faciliten las denuncias a las autoridades y la obligación periódica de someterse a exámenes de detección de consumo de estupefacientes; y a la fiscalización de la UAF.
Además, la iniciativa -aprobada con 111 votos a favor- pide inhabilitar a perpetuidad para ejercer cargos públicos o en una empresa estatal a quienes infrinjan los códigos de conducta anti narco-corrupción.
Por otra parte, el documento requiere sensibilizar a la opinión pública respecto a la existencia, causas, gravedad y amenazas que la influencia del narcotráfico en la política representa, por medio de la sociedad civil, ONG y organizaciones comunitarias.
La resolución 1024 fue presentada a la Sala por los diputados DC Yasna Provoste, Gabriel Silber, Ricardo Rincón, Juan Enrique Morano, Claudio Arriagada, Iván Flores, Mario Venegas, Fuad Chahin, Aldo Cornejo e Iván Fuentes.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS