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Cámara pide incorporación laboral de adultos mayores en órganos del Estado

Publicado el 22 de febrero del 2019

A través de un proyecto de resolución, se solicita al Presidente de la República que se adopten las medidas que permitan fomentar la incorporación laboral de adultos mayores en organismos que pertenezcan a la Administración del Estado.

Por 126 votos a favor y 6 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 324, a través de la cual se solicita el establecimiento de medidas que posibiliten la incorporación laboral de los adultos mayores en organismos o reparticiones que formen parte de la administración del Estado.

En específico, el documento de autoría de los diputados RN Cristóbal Urruticoechea, Camila Flores, Harry Jürgensen y Diego Schalper, pide al Presidente de la República que instruya a los Ministros de Hacienda, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social, para que evalúen la posibilidad de fomentar dicho objetivo.

En sus fundamentos, la resolución precisa que Chile ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, por medio de la cual los Estados firmantes se comprometen, entre otras cosas, a proteger los derechos fundamentales de los adultos mayores y a contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Para los/as parlamentarios/as, una de las formas más adecuadas para lograr esta inclusión, integración y participación de los adultos mayores en nuestra sociedad es fomentando la creación de trabajos remunerados para ellos, tanto en el sector público como en el sector privado.

Estiman que el trabajo no solamente dignifica a las personas mayores, sino que además les permite sentirse útiles, mejorar su calidad de vida, relacionarse con otras personas y aportar al entorno laboral en el que se encuentran insertos con todo el cúmulo de experiencias y conocimientos que poseen.

La resolución, que quedó a disposición del Ejecutivo para su consideración, recuerda, además, que existen tres formas en que una persona se puede vincular jurídicamente con la administración del Estado: como planta de personal, como empleo a contrata y, finalmente, a honorarios, para la realización de labores accidentales o cometidos específicos.