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Cámara aprobó informe de investigación al sistema de contrataciones del Estado

Publicado el 25 de abril del 2019

El documento remarca que el aumento de contrataciones en la administración del Estado, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, respondió al Plan de Traspaso de honorarios a contrata durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora encargada de indagar sobre el sistema de contrataciones en la administración del Estado, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.

La instancia, aprobada por la Sala el 2 de mayo de 2018, se constituyó a propósito de las conclusiones del Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público, publicado por la Dirección de Presupuesto (18 de mayo de 2018), que dio cuenta de un aumento desproporcionado en el aumento del personal contratado en el sector público en el periodo ya mencionado.

En sus conclusiones, la Comisión sostiene que, conforme a los informes recibidos de parte de los distintos ministerios que expusieron, es "evidente que la cifra determinada por la Dirección de Presupuestos, en donde se mencionan 14.546 nuevos empleos a contrata, responden en gran medida al traspaso que hubo de funcionarios que se encontraban contratados en calidad de honorarios y que pasaron a ser funcionarios contratadas a contrata".

En tal plano, se remarca que el aumento citado respondió al Plan de Traspaso de honorarios a contrata durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

En relación con este punto, la Comisión observó que dicho Plan de Traspaso refleja un aspecto sobre el cual el Estado no ha podido zanjar una solución concreta, ya que existen personas que cumplen funciones al interior del Estado respecto de los cuales se tienen bastantes incertidumbres, como por ejemplo, si tiene calidad de funcionario público y qué derechos de seguridad social tiene.

Criterios para la contratación y coyuntura

En el texto del informe, rendido ante la Sala por la diputada Gael Yeomans (RD), se alerta que, si bien la Comisión analizó un plazo específico de contratación pública y, particularmente, en cuanto a la procedencia del aumento que existió en dicho periodo, se hizo un examen más global para identificar las causas por las cuales se tienen que hacer estos traspasos de la calidad de honorarios a contrata.

En ese plano, se afirma que el aumento del Estado y las necesidades que ha ido cubriendo con el pasar del tiempo, "obligan a una revisión en cuanto a las categorías de contratación pública, al control que se va a realizar respecto de dichas contrataciones y las normas que van a regir la Administración Pública en tal sentido".

Se observa que, lo anterior, se funda en la urgencia de contar con un sistema de contratación que garantice los derechos de los funcionarios públicos, en cuanto trabajadores con sus derechos y su estabilidad en el empleo; pero también respecto del control de los recursos del Estado.

También se señala en el informe aprobado que era totalmente plausible ejercer todas las normas sobre fiscalización, toda vez que era posible sospechar que la coyuntura política del momento habría influido en el citado aumento.

"Lo anterior, teniendo presente que el promedio semestral de aumentos de funcionarios a contrata fue de 6.072 entre 2014 y 2017, y que sin embargo, entre el periodo comprendido entre septiembre de 2017 y marzo de 2018 el mismo aumento había sido de 14.546 funcionarios", se detalla.

Propuestas aprobadas

En el marco de las propuestas, la Comisión plantea que, a fin de evitar una situación en la cual la nueva administración se obligue por un periodo de tiempo con personas que cumplen funciones en el Estado que no fueron elegidas por las autoridades correspondientes, es que, al menos los seis meses anteriores al fin del periodo presidencial, se fijen mecanismos de control que limiten la contratación de personal a casos particularmente excepcionales.

El plazo de seis meses, se estima, permitiría evitar también cualquier tipo de influencia o deslegitimación, en lo relativo al periodo de campaña presidencial, por lo que se garantiza y controla de mejor manera, los recursos del Estado en la contratación de los funcionarios públicos.

Luego, teniendo a la vista que la calidad de honorarios adolece al día de hoy de un régimen jurídico estable y concreto que permita seguridad al trabajador y, por otra parte, cerque las obligaciones del Estado en su calidad de empleador, se considera no recomendable que se transforme en regla general, lo que debiese ser una excepción.

Por lo anterior, se solicita al Ejecutivo que estudie la presentación de un proyecto de ley que contemple los siguientes aspectos en relación con este tipo de contrato de honorarios:

1. La calidad de funcionarios públicos.
2. Cargos o funciones específicas que podrán ser contratadas a través de honorarios en cada ministerio.
3. Fijar un límite de contratación por esta vía en cada estamento o partida.
4. El periodo máximo por el cual una persona podrá estar contratada por honorarios.
5. Consagrar sus derechos de la seguridad social.

Por último, se estima necesario establecer claramente los cargos que son parte de la administración pública y aquellos que responden a confianza política, para lo cual se solicita al Gobierno que estudie la presentación de un proyecto de ley que defina esta situación y establezca su estabilidad laboral, especialmente en periodos de cambios de administración.