CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Por una contundente votación de 119 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto (boletín 12.253) que modifica la Ley 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, con el objeto de establecer garantías e incentivos para fomentar el libro y la lectura.

La iniciativa, devuelta a la Comisión de Cultura para la revisión de las indicaciones presentadas, presenta como idea central establecer medidas e incentivos para atraer a la población a la lectura, democratizando de esta forma el acceso a la cultura.

En primer lugar, la propuesta indica que la citada ley también tiene por objeto definir el marco jurídico del libro, atendido su carácter de producto cultural, desde su creación hasta su comercialización, difusión, distribución y conservación como parte del patrimonio bibliográfico nacional, del fomento de la lectura y de las bibliotecas y, en especial de la cooperación bibliotecaria.

A seguir, se introducen en la definición de libro otros soportes además del papel, como son el digital, sonoro, óptico u otros que se puedan determinar en el futuro y se define las "garantías de fomento al libro y a la lectura".

Respecto de este último punto, se establece que el Estado podrá incrementar y mejorar la producción editorial nacional, con el propósito de que el sector editorial y gráfico del libro, satisfaga los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad.

También podrá establecer lineamientos para la formación de hábitos de lectura mediante campañas educativas e informativas, especialmente a través de las señales de radiodifusión televisivas y de las plataformas de internet.

Los planes de fomento de la lectura la considerarán como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad. Asimismo, estos planes tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores sociales en situación de vulnerabilidad, con especial atención a las personas con discapacidad.

Además, el Estado podrá disponer la adquisición de obras con destino a las bibliotecas públicas y populares, archivos y centros de documentación; estimular la modernización de todos los centros bibliográficos y la democratización del acceso al libro y a la lectura; y determinar el desarrollo progresivo de incentivos o beneficios, tales como tasas impositivas diferenciadas para el fomento, destinados a todos aquellos que intervienen en las actividades de creación, producción, edición y comercialización del libro.

Asimismo, se podrá implementar medidas incentivadoras para fomentar el acceso a libros y a la lectura, pudiendo ser a través de planes y programas, tasas impositivas diferenciadas u otras iniciativas, para las zonas extremas y territorios rezagados.

El proyecto también establece que la producción de documentos, facsímiles u otros similares, cuya caducidad sea inferior a veinte años, deberá contemplar preferentemente la utilización de papel ecológico o reciclado. En cambio, la producción de libros u otros similares, cuya degradación sea mayor a veinte años, deberá contemplar preferentemente la utilización de pápeles técnicos con altos estándares de duración y conservación.

Para estos efectos se entenderá por papel reciclado el que tenga hasta 30% de fibras primarias en su elaboración y por papel ecológico el que haya sido elaborado mediante procesos con un impacto ambiental reducido.

El Estado procurará fomentar la utilización de papel adecuado a cada tipo de impreso mediante la creación de incentivos o beneficios de diversa índole.

La iniciativa nació como moción de los diputados PS Marcelo Díaz y Patricio Rosas; DC Gabriel Ascencio; RD Maite Orsini; e independiente Gael Yeomans.