La idea planteada por la resolución se funda en la tendencia mundial de tomar los resguardos para prevenir y evitar la pesca ilegal.
Disponer la realización de talleres educativos para establecimientos educacionales sobre pesca ilegal, en las zonas costeras del país, es el objetivo de la resolución 424, que se dirige al Presidente de la República y, por su intermedio, a la Ministra de Educación y al director nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y que fuera aprobada por la Cámara de Diputados por 143 votos favorables.
La idea, según se explica, es que se pueda informar a los niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de la pesca en Chile, especialmente en las zonas en donde viven y, más aún, que se eduque respecto a las repercusiones y el daño que genera la pesca ilegal.
La resolución, presentada por los/as diputados/as José Miguel Castro (RN), Bernardo Berger (RN), Issa Kort (UDI), Pedro Pablo Álvarez Salamanca (UDI), Gabriel Ascencio (DC), Pablo Prieto (RN), Virginia Troncoso (UDI), Juan Fuenzalida (RN), Jorge Brito (RD) y Renzo Trisotti (UDI), señala que la tendencia mundial ha sido tomar los resguardos para prevenir y evitar la pesca ilegal.
Se indica que la preocupación internacional por esta temática ha sido reflejada en varios instrumentos internacionales a los que Chile se ha sumado, no obstante, se recuerda, no son vinculantes.
Por lo anterior, plantean que su alcance ha sido bastante limitado, hecho que llevó a que al año 2016 la pesca ilícita representara aproximadamente 26 millones de toneladas de pescado al año, lo que equivale a más del 15% de la producción total anual de la pesca de captura en el mundo.
Además, resaltan la información proporcionada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), que indica que cerca de US$ 300 millones se transan en Chile por concepto de pesca ilegal.
Así las cosas, se estima que el daño irreparable que ocasiona una extracción mayor a la permitida por las cuotas fijadas para las distintas especies, el daño al medio ambiente, además de necesitar una sanción mayor que la actualmente establecida, requiere un cambio cultural, que debe comenzar por los jóvenes, entendiendo la importancia y la repercusión que implica el desarrollo de esta actividad de manera ilegal.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS