Los/as legisladores/as solicitan garantizar el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo individual y social pleno de las personas con síndrome de Down. Se propone que dicho programa se implemente inicialmente en las regiones de Magallanes, Metropolitana y Arica y que, luego, se amplíe al resto de Chile.
En forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 425, que pide al Presidente de la República que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se promuevan alianzas estratégicas entre organismos estatales y universidades o fundaciones, que permitan la ejecución del Programa de Intervención en el Desarrollo de Personas con Síndrome de Down.
El documento señala que en nuestro país, de cada 300 nacidos vivos, uno tiene la condición del Síndrome de Down. Lo anterior implica que Chile supera la media internacional, donde el Síndrome se presenta en uno de cada 600 o 700 nacidos vivos.
A pesar de dichas estadísticas, el avance en términos de inclusión educativa y social, según los expertos, es comparativamente más lento que en otras partes del mundo, donde se ha instalado una mirada biopsicosocial respecto del tema, logrando el desarrollo de individuos plenos y autónomos.
Se resalta que el Síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración cromosómica en el par 21 que implica que, quien la tiene, pueda desarrollar -según la evidencia y las neurociencias-, con una adecuada y oportuna intervención, altísimos niveles de autonomía e independencia en su vida adulta, siendo así ciudadanos de pleno desarrollo social.
Asimismo, el texto sostiene que el desarrollo de la neurociencia permite afirmar que, a través de la estimulación cerebral se logran formar nuevas sinapsis y circuitos neuronales capaces de reorganizar y recuperar las funciones dañadas, como las que se describen para el Síndrome de Down.
Estas evidencias enunciadas obligan a explorar los mecanismos necesarios para garantizar a los niños que nacen con Síndrome de Down, la oportunidad de acceder adecuadamente en tiempo y periodicidad a la atención que supone un Plan de Atención Temprana, diseñado con un enfoque biopsicosocial.
El presente proyecto de resolución se enmarca dentro de la urgente necesidad de contar con el mencionado Plan, con el fin de garantizar la oportuna y adecuada estimulación de los niños nacidos con este síndrome, desde las primeras semanas de vida, hasta -al menos- los 4 años.
Ello supone integrar un equipo multidisciplinario, en el que la familia (entendiendo como adultos responsables y de apego) debe ser el eje central; y cuyos profesionales, periodicidad terapéutica y otros apoyos deben definirse, considerando criterios de entidades y usuarios con experiencia y testimonio.
Para lo anterior, se propone que la ejecución de este programa promueva alianzas estratégicas entre las municipalidades, los ministerios competentes y las universidades y/o fundaciones que cuenten con las carreras y/o profesionales que estén contemplados en el programa, incluyendo kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos y educadores diferenciales.
Una vez establecidos los acuerdos, se considera una implementación nacional paulatina, en la que las primeras regiones beneficiadas sean la de Magallanes y la Antártica Chilena, la Metropolitana y la de Arica y Parinacota, para luego extenderse al resto del país.
La propuesta fue planteada por los diputados/as UDI, Sandra Amar, Cristhian Moreira, Nino Baltolu, Guillermo Ramírez, Juan Antonio Coloma, Álvaro Carter, Jorge Alessandri; y los legisladores Luis Rocafull (PS) y Vlado Mirosevic (PL).
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS